Reconocen una muerte por lavar ropa contaminada con amianto
Un juzgado de Bergara ha condenado a la empresa Arcelor Mittal a indemnizar con 71.519 euros a los hijos de una mujer que falleció por una enfermedad derivada del amianto, con el que estuvo en contacto al lavar la ropa de trabajo de su marido, empleado de la compañía siderúrgica.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Bergara ha estimado la demanda presentada por los hijos de Luisa Soraluce, a quien se le diagnosticó en junio de 2011 un mesotelioma maligno, que le causó la muerte en octubre de ese mismo año.
La víctima contrajo esta enfermedad por el contacto con el amianto presente en la ropa de trabajo de su marido, fallecido en 1989 tras trabajar durante 21 años en Altos Hornos de Bergara (actual Arcelor Mittal).
La sentencia destaca que la compañía incumplió la normativa que exigía que los trabajadores "potencialmente expuestos a fibras de amianto" debían utilizar ropa de trabajo apropiada y que "no se permitiría a los trabajadores llevarla para su lavado a su domicilio particular", sino que correspondía a la empresa su limpieza.
En sus alegaciones, Arcelor Mittal argumentó que el trabajador no estuvo en contacto con el amianto, pero el juez considera probado que sí estuvo expuesto a este material altamente cancerígeno durante los 21 años en los que trabajó en la planta.
La sentencia da por probado que Luisa Soraluce, "semanalmente y una vez concluida la jornada laboral" en Arcelor Mittal, limpiaba la ropa de su esposo y "en el desarrollo de dichas tareas permaneció expuesta al polvo de amianto impregnado en la ropa de trabajo de su esposo, expuesta así a la inhalación indirecta o doméstica de las partículas de amianto que se desprendía de la ropa de trabajo".
Por este motivo, el juzgado atiende a la reclamación de daños morales solicitada por los dos hijos del matrimonio y condena a la empresa a indemnizarlos con 71.519,40 euros.
La asociación de afectados por el amianto Asviamie, que ha hecho pública la sentencia, considera que se trata de un pronunciamiento judicial "histórico" que ha puesto en evidencia "el desprecio empresarial al cumplimiento de las obligaciones preventivas, que no sólo afecta a los trabajadores", sino que "traslada el riesgo cancerígeno a las familias y al medio ambiente".
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