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Abandonan su vivienda social en Gasteiz al no poder parar su desahucio

Una mujer y sus tres hijos han desalojado en la capital alavesa su piso de alquiler, gestionado por una sociedad del Gobierno Vasco, sin esperar a ser desalojados por la Ertzainza.

Una mujer de Gasteiz y sus tres hijos, sobre quienes pesaba una orden de desahucio con fecha límite para este 18 de diciembre, se han visto obligados a abandonar su vivienda de alquiler social, gestionada por una sociedad pública del Gobierno Vasco, al no poder hacer frente al pago del arrendamiento.

Mari Luz, que así se llama la mujer, y sus tres hijos, han optado por abandonar su vivienda habitual sin esperar a que se ejecutase la orden de desalojo por parte del juzgado y de la Ertzaintza, para no verse aún más "penalizados" ante las administraciones públicas, según ha explicado 'Stop Desahucios' en un comunicado.

Esta mujer, cuyos ingresos no le permitían seguir haciendo frente al pago del alquiler social, debe 3.600 euros a Alokabide, la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco que gestiona los alquileres públicos.

'Stop Desahucios' ha denunciado que esta situación se produce porque Alokabide "no admite" fraccionar el pago del alquiler según las posibilidades económicas de cada familia.

Esta forma de proceder, según ha denunciado, "no cumple" con el mandato del Parlamento Vasco aprobado el 7 de abril de 2014 en materia de vivienda. Aquel día, la Cámara aprobó una resolución que establecía que la renta de alquiler y los gastos fijos de comunidad y suministros no deben superar el 30 por ciento de los ingresos familiares.

"Como una empresa privada"

La plataforma antidesahucios ha criticado que, pese a ser una sociedad pública, Alokabide "funciona como si fuera empresa privada", ya que "no aplica a sus inquilinos" la Ley de Procedimiento Administrativo, y "se rige" por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Todo ello, "sin tener en cuenta el carácter social del alquiler".

Además, ha criticado que este organismo "no admite la participación de la sociedad civil en su gestión", y "no cumple" el referido acuerdo parlamentario del 7 de abril de 2014.

'Stop Desahucios' ha lamentado que todo esto ocurre "cuando los tribunales europeos están exigiendo que se considere a la vivienda habitual como un derecho fundamental".

Ley de vivienda

La plataforma ha recordado que la Ley de Vivienda de Euskadi también reconoce este derecho, y establece que "no se deje a nadie en la calle sin alternativa habitacional".

Asimismo, ha acusado al Gobierno vasco de "desatender" el llamamiento de las Juntas Generales de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, que han reclamado "un esfuerzo para que no se desahucie de su vivienda habitual a ninguna familia por problemas económicos".

'Stop Desahucios' ha anunciado que seguirá "luchando" contra este problema, ya que la pobreza y la desigualdad "no son el resultado de la adversidad, sino de políticas injustas y socialmente rechazables".

e rechazables".

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