El fiscal mantiene los 8 años para Villadelprat por el 'caso Epsilon'

La Fiscalía de Araba ha mantenido hoy que el que fuera administrador único de Epsilon, Joan Villadelprat, "acabó" y convirtió en una "cáscara vacía" este proyecto automovilístico con la venta de su rama de competición, por lo que ha pedido para él 8 años de cárcel.

La Audiencia Provincial de Araba ha celebrado hoy la última sesión del juicio que desde el pasado lunes se sigue contra Villadelprat y el director financiero de Epsilon, el británico Mark Payne, por la venta en 2011 de la rama de competición a la escudería Epic Racing, creada por el segundo, después de que ambos fueran conocedores de la situación de insolvencia de este proyecto que aspiraba a competir en Fórmula Uno y que recibió más de 40 millones en ayudas públicas.

El juicio ha quedado visto para sentencia en una sesión en la que la Fiscalía y las defensas de los acusados han presentado sus informes finales.

La representante del Ministerio Público ha mantenido su petición de 8 años de cárcel para ambos por la posible comisión de un delito societario y otro de insolvencia punible. Las defensas han solicitado la absolución.

La fiscal -hoy no ha estado en la sala el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre-, ha dicho que ha quedado acreditado que con esa venta, que se produjo cuando ya se había presentado el preconcurso de acreedores, se transfirió la única rama que tenía actividad y que suponía el 80% del activo patrimonial de Epsilon y su principal fuente de ingresos, por lo que se descapitalizó la empresa, lo que causó un perjuicio a los acreedores (Kutxa, Caja Vital, Gobierno Vasco y Parque Tecnológico de Araba).

Asimismo ha afirmado que esa venta no contó con el aval del Gobierno Vasco -entonces gobernaban los socialistas en Euskadi-, porque no decir nada, como Villadelprat aseguró el lunes, no supone aprobar esa transacción.

La defensa de Villadelprat ha afirmado que la operación de venta de la rama de competición fue "muy beneficiosa" para Epsilon porque suponía mantener los puestos de 23 operarios, ahorros económicos (como el pago de los despidos) por alrededor de 800.000 euros, y que a ella no se opusieron los acreedores.

Ha censurado que en marzo de 2011 ningún banco ni administración pública le dijo a su cliente que no llevara a cabo la venta.

"Si al señor Villadelprat le dicen que no lo haga, no lo hubiera hecho", ha resumido el letrado, quien ha recalcado que el procedimiento fue "cristalino", "no hubo mala fe", y sin embargo un año después se puso en cuestión esta operación por parte del Parque Tecnológico de Álava con un informe pericial sobre los activos que ha calificado de "montaje".