La Fiscalía suspende las declaraciones de las víctimas del franquismo
La plataforma vasca para la querella contra los crímenes del franquismo ha denunciado a las "instituciones, estamentos y personas que desean mantener hasta el final la impunidad" de los actos cometidos durante la dictadura.
La Fiscalía General del Estado ha dado instrucción de suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles a petición de la jueza argentina María Servini para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil pueden considerarse de lesa humanidad.
Para la plataforma vasca esta decisión "demuestra una vez más lo lejos que están el Gobierno español y sus instrumentos jurídicos de asumir y cumplir con la justicia internacional".
"La bochornosa actitud del Gobierno y sus colaboradores nos impulsa a trabajar con más ahínco en contra de la impunidad", ha afirmado este colectivo vasco, que se ha adherido al comunicado emitido hoy por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua).
Esta organización estatal ha acusado a la Fiscalía de intentar amedrentar a magistrados para que víctimas e imputados en esta querella no declaren en los juzgados que dirigen.
El Ministerio de Justicia español envió el mes pasado a diferentes juzgados españoles los exhortos remitidos por Servini para que diecinueve investigados prestasen declaración.
Sin embargo, Ceaqua ha manifestado hoy en un comunicado que el Ministerio Público está intentando advertir a los magistrados, "de forma más o menos velada", que "podrían ser acusados de prevaricación" si acceden a tomar dichas declaraciones.
En concreto, según la organización, ponen de ejemplo al exjuez Garzón, cuya investigación de los crímenes del franquismo le costó una suspensión cautelar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien fue finalmente absuelto por el Tribunal Supremo.
Ceaqua considera que la Fiscalía está utilizando "técnicas absolutamente reprobables" al tratar de impedir "que víctimas de graves violaciones de derechos humanos accedan a la administración de justicia".
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