Anulada la rescisión de la primera adjudicación de la incineradora
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián ha declarado, mediante sentencia notificada este miércoles, la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por la asamblea general del Consorcio de residuos de Gipuzkoa y GHK en 2013 --cuando Bildu gobernaba en la Diputación-- de rescindir el contrato con la UTE formada por FCCSA, SBSL, AYUSA, CMSA e HZIAG para la construcción y explotación de la incineradora de Zubieta, lo que conllevó una indemnización de más de ocho millones con cargo a las arcas forales.
En rueda de prensa en San Sebastián, el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, acompañado del director foral de Medio Ambiente, Félix Asensio, ha dado cuenta de esta decisión judicial. Tras explicar que los servicios jurídicos forales ya están analizando la sentencia, ha anunciado que el Gobierno foral exigirá "todas las responsabilidades" a Bildu a cargo del Ejecutivo foral en 2013, porque las consecuencias "no pueden salir gratis" a los entonces gestores de la institución foral.
Asensio ha explicado que en la sentencia se estima el recurso interpuesto por las Mancomunidades de Debabarrena y San Marcos y los asambleístas Arcadio Benítez, Ricardo Gárate, Ioseba Arrizabalaga, Denis Itxaso, actual diputado foral, e Igor Iturain contra los acuerdos adoptados para la rescisión de contrato, los cuales el juez declara "no ajustados a derecho", por lo que los anula "dejándolos sin efecto".
José Ignacio Asensio ha recordado que la rescisión del contrato de la primera adjudicación de la incineradora provocó que la Diputación, entonces gobernada por Bildu, tuviera que abonar una indemnización de más de ocho millones de euros a los anteriores adjudicatarios, además de otros tres millones correspondientes a trabajos preparatorios.
El proceso supuso perder la financiación concedida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la ejecución de esta obra y se han afrontado "otros costes derivados de ello que en total han supuesto unas pérdidas acumuladas para GHK de más de 40 millones de euros".
El diputado foral ha destacado que la decisión ahora anulada "perjudicó a toda Gipuzkoa", ya que supuso "pérdidas económicas, el deterioro de nuestra credibilidad ante las instituciones europeas y la actual carencia de la más mínima infraestructura para la gestión de residuos", con las consiguientes "consecuencias medioambientales" y, además, "todo se hizo a sabiendas y anteponiendo las estrategias políticas de aquel gobierno al interés de los guipuzcoanos".
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