La Audiencia de Gipuzkoa mantiene apartada a la primera jueza del caso Cabezudo
La Audiencia de Gipuzkoa ha decidido mantener a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián Ana Isabel Pérez Asenjo, apartada del caso Kote Cabezudo, el fotógrafo investigado por presuntos abusos a modelos, del que se había abstenido después de que el TSJPV admitiera a trámite una querella en su contra interpuesta por la acusación particular que ejercen las presuntas víctimas.
En esta querella, la acusación particular había alegado una supuesta "falta de actuación" de la magistrada en una de las diligencias del caso, si bien finalmente el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió no incoar procedimiento penal alguno contra la jueza, al entender que su conducta no fue "ilegal", "ilícita" ni "delictiva".
Durante la abstención del caso de Pérez Asenjo la investigación del asunto recayó sobre el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital guipuzcoana, Julián García Marcos, quien, según han señalado a EFE fuentes del caso, tras conocer la decisión del TSJPV, planteó la posibilidad de que la causa retornara a la magistrada que se había encargado inicialmente de este asunto.
Las citadas fuentes han recordado que esta decisión fue recurrida por la acusación particular ante la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, que ha decido ahora, en contra del criterio de la Fiscalía y de la defensa, mantener a Asenjo apartada del caso al entender que una vez que ésta se retiro del asunto, su abstención se hizo efectiva para toda la causa.
Por el contrario, el Ministerio Público consideraba que una vez decaída la querella contra la jueza, la causa debería haber vuelto al juez natural.
Kote Cabezudo, investigado por presuntos abusos a modelos, estafa, agresión sexual y elaboración de pornografía infantil entre otros delitos, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 4 de mayo, cuando el magistrado que instruye el caso ordenó su ingreso en la cárcel de Martutene por presunta "reiteración delictiva" y "daños a los bienes jurídicos de las víctimas" después de que, supuestamente, no retirase de internet distintas imágenes de las afectadas que seguirían circulando por la red.
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