La jueza imputa por homicidio imprudente a los responsables del vertedero de Zaldibar
La jueza de Instrucción número 1 de Durango ha imputado un delito de homicidio imprudente a los tres responsables de la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar, que se derrumbó en febrero y dejó sepultados a los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.
Según ha podido confirmar EiTB, el dueño y los otros dos altos cargos de Verter Recycling han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. La magistrada ha ordenado la retirada del pasaporte a los tres investigados, que deberán comparecer ante la autoridad una vez al mes.
Los tres investigados son el propietario de la escombrera y de la empresa que la gestiona Verter Recycling, José Ignacio Barinaga; la administradora única, responsable legal de la misma y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao; y el ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria.
Los tres fueron detenidos el pasado martes 21 de julio por la Ertzaintza en Eibar y este jueves han sido puestos a disposición de la jueza de Durango.
Según han informado fuentes de Verter Recycling, los tres detenidos se han negado a declarar ante la jueza debido a que sus abogados han recibido el atestado "escasamente una hora antes" de comparecer, y "no han tenido tiempo material de examinar" las acusaciones.
"Ante esta situación en la que no se sabe muy bien por qué se les detiene y ante un montón de folios que los abogados deben estudiar, han ejercicio su derecho a no declarar", han añadido las mismas fuentes.
En este caso hay dos investigaciones judiciales abiertas, una por un posible delito contra la vida y la salud de los trabajadores, y otra por presuntos delitos medioambientales.
Por otro lado, estos arrestos han causado una polémica entre la Administración de Justicia y el departamento de Seguridad, ya que la Ertzaintza dijo que las detenciones fueron realizadas por orden judicial, lo que posteriormente fue negado públicamente por la jueza instructora, que ni siquiera tenía el atestado policial de la operación.
Los abogados defensores del propietario del vertedero y de su sobrina, por su parte, calificaron las detenciones de "ilegales" y "contrarias a derecho".
El derrumbe del vertedero de Zaldibar se produjo el 6 de febrero y sepultó a dos empleados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, cuyos cuerpos permanecen desaparecidos entre los escombros pese a los trabajos de búsqueda realizados desde entonces.
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