¿Qué supondrá el fin del estado de alarma?

Ante el anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que su intención es que el 9 de mayo sea el "punto y final" del estado de alarma, diversos constitucionalistas advierten de que si decae también supondrá el fin tanto de los cierres de frontera entre comunidades autónomas como del toque de queda, ya que son restricciones que afectan a derechos fundamentales.

Diversos expertos consultados por Europa Press indican que a partir de ese 9 de mayo las comunidades autónomas, aunque se coordinen en el Consejo Interterritorial de Salud, vuelven a la situación anterior al estado de alarma y por lo tanto sólo pueden adoptar "medidas ordinarias" en materia de sanidad.

No obstante, indican que para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales pero sólo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

Atendiendo a esa ley, los expertos indican que sí que podrían verse aun cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto tendrían que contar con el aval de los tribunales.

De esta forma, señalan que se vuelve a la situación que se vivió el verano pasado, y que las administraciones autonómicas sí que podrían por ejemplo restringir horarios comerciales y de hostelería.

Ante esta situación, Euskadi ha puesto en marcha la tramitación de una ley antipandemia que aportará "plenas garantías jurídicas" a las restricciones que imponga el Gobierno Vasco para contener la expansión de la covid-19 ante la "incertidumbre" sobre la continuidad del estado de alarma y de su "paraguas" legal después del 9 de mayo.

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento la "proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia covid-19", que se debatirá por la vía de urgencia, con lo que los tiempos de tramitación se reducen a la mitad. Además, al tratarse de una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno el trámite será aún más rápido.

La norma tiene garantizada su aprobación dado que los partidos que sustentan el Gobierno -nacionalistas y socialistas- tienen mayoría en la Cámara.

El objetivo es que la ley pueda estar aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones, cuyo último pleno está fijado para el 24 de junio.

No será una norma aplicable a cualquier epidemia, sino que "responde a necesidades imperiosas y urgentes derivadas de esta pandemia en particular" porque hace falta "una ley concreta para una situación concreta" y porque las particularidades de cada epidemia (transmisión, virulencia, incubación, transmisibilidad o morbilidad) hacen que las medidas que sirven contra la covid-19 puedan no ser válidas en otros casos.

La norma, que incluye un régimen sancionador para "garantizar el cumplimiento de las medidas" con multas de entre 100 y 600 000 euros, prevé cinco niveles de alerta en función de la transmisión del virus y seis indicadores epidemiológicos como el índice R0, la presión asistencial y la ocupación de las ucis, y el impacto de la pandemia por franjas de edades.

El nivel de alerta más bajo está marcado en 60 casos de incidencia acumulada por 100 000 habitantes en 14 días. En el momento en que se baje de esa cifra las restricciones dejarían de estar en vigor. El segundo escenario va hasta los 150 casos, el tercero hasta los 300, el cuarto hasta los 500 y el quinto a partir de 500 casos, es decir, para situaciones de "transmisión muy alta".

En función de estos niveles de alerta se establecen una serie de restricciones y medidas sanitarias, algunas comunes a todas la fases como la distancia interpersonal de 1,5 metros, el lavado de manos, la ventilación, el uso de mascarilla o la obligatoriedad de guardar cuarentena en caso de contagio o de sospecha del mismo.

A partir del escenario cuarto las medidas se endurecen drásticamente y se abre la puerta a cierres perimetrales y suspender las actividades económicas no esenciales (o rebajar su aforo al 35 %), así como las culturales y las sociales.

También se estudiará la posibilidad de pasar de la educación presencial a la telemática y de prohibir toda actividad deportiva no profesional o semiprofesional, salvo prácticas individuales o de dos convivientes al aire libre.

En el quinto y peor escenario se "valorarán nuevas y más eficaces medidas de confinamiento individuales o para colectivos específicos, previa justificación y autorización o ratificación judicial" y se adelantarán los horarios de cierre de todas las actividades comerciales y sociales, con posible cierre de las que "más incidan sobre el contacto social".

La ley señala también que el Ejecutivo deberá informar al Parlamento cada 15 días de esas medidas sanitarias y de la evolución del coronavirus. En la actualidad la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, comparece semanalmente a petición de PNV y PSE-EE.