La Asociación Derecho a Morir Dignamente cuestiona la eficiencia de la comisión vasca

La Asociación Derecho a Morir Dignamente ha lamentado que la Comisión de Garantía y Evaluación del derecho a la eutanasia nombrada por el Departamento de Salud no tenga un carácter más técnico y esté formada por 25 miembros. Según ha apuntado, estas características le restan agilidad y la hacen "inmanejable" a la hora de tomar decisiones.

Representantes de esta organización han comparecido este miércoles en comisión en el Parlamento Vasco para informar de las propuestas que han trasladado al Gobierno autonómico en relación a la Ley de Eutanasia que entrará en vigor este viernes. Esta ley permitirá solicitar la ayuda para morir a los mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

Concha Castells y Marta Barandiaran han alertado también de la necesidad de formar a los profesionales sanitarios y a las y los estudiantes de universidades y de que estos cuenten con el tiempo necesario para tratar cada petición de eutanasia y acompañar a los pacientes. De lo contrario, han advertido de que podrían producirse muchas objeciones de conciencia relacionadas con las condiciones de trabajo, más que con conflictos éticos con la normativa.

Salud ya ha nombrado a los miembros de la "Comisión de Garantía y Evaluación", que se encargará de autorizar este proceso, de evaluarlo y de garantizar su seguridad clínica y jurídica. Está integrada por 25 profesionales médicos, de enfermería, del derecho y del ámbito social.

Barandiaran ha recordado que ya presentaron sus propuestas a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y ha explicado que le trasladaron que esta comisión tuviese una función de "verificación técnica ágil" para minimizar la burocracia.

Por ese motivo, se ha mostrado sorprendida por el hecho de que este órgano esté formado por 25 personas, lo que lo hace "inmanejable para tomar decisiones". "Nos ha sorprendido también que haya personas relacionadas con la ética asistencial y la intervención social", ha indicado Barandiaran, quien ha considerado que "este derecho no es un problema ético".

La asociación también ha pedido una campaña informativa sobre el documento de voluntades anticipadas, en el que se plasma la petición de ayuda para morir en determinadas circunstancias. El ya existente en Euskadi solo ha sido rellenado por el 1 % de la ciudadanía.