Denuncian que el Obispado de Bilbao trata de desahuciar a un pensionista enfermo

Un hombre de 61 años, miembro del Sindicato de Inquilinas de Bilbao, "está a punto de ser desahuciado de la casa, propiedad del Obispado de Bilbao, donde ha vivido toda su vida", ha informado ese colectivo.

En una nota, ese sindicato ha expuesto que el 15 de julio será la vista judicial de la demanda de desahucio que ha interpuesto la institución eclesiástica para que el pensionista Carlos Aguiriano, que además padece esclerosis múltiple, abandone la vivienda en la que reside. "Tras haber fracasado todo intento de negociación con el Obispado, está al borde de ser expulsado de su vivienda", ha alertado.

Ese desahucio incumple, a su entender, el convenio del 2019 entre la Iglesia y el Gobierno Vasco, que recoge que, en caso de tener viviendas deshabitadas, el Obispado de Bilbao colaborará estrechamente con el Ejecutivo para facilitar el acceso a una vivienda en condiciones de arrendamiento protegido a aquellas personas y unidades convivenciales que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Tras firmar ese acuerdo, "las 14 viviendas del Obispado, que ya llevaban vacías más de una década, lo siguieron estando, incumpliendo la función social de la vivienda".

Hace seis meses, ha expuesto ese sindicato, "el Gobierno Vasco decidió adquirir 14 viviendas del Obispado de Bilbao, 'un gran tenedor', con el consiguiente trasvase de fondos públicos a manos privadas".

Según ha considerado, el Ayuntamiento de Bilbao, o el Gobierno Vasco de manera subsidiaria, deberían de haber procedido a sancionar al Obispado a través de las medidas recogidas en la ley de vivienda del 2015, tales como imponer un canon por metro cuadrado, obligar a realizar un alquiler forzoso o expropiar el uso de estas viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda.

En vez de ello, el Ejecutivo "decidió recompensar al Obispado con la compra de 14 viviendas en el bloque donde vive Carlos, dejando fuera de esa operación la única vivienda que estaba habitada: la de Carlos".

Ha denunciado que "la alternativa que propone el Obispado" consiste en que esa persona asuma un año de alquiler, en "condiciones económicas inasumibles" para él y "le imponen un estilo de vida concreto, obligándole a estar bajo tutela de la Fundación Eguzkilore, propuestas que son un insulto al sentido común".

Si no lo acepta, "el Obispado continuará con la demanda de desahucio", ha denunciado y por ello, el Sindicato de Inquilinas de Bilbao ha convocado una asamblea el próximo martes en la Basílica de Begoña, "con el objetivo de dar a conocer el caso a las vecinas del barrio y diseñar una estrategia para parar los intereses económicos del Obispado".