Iparralde se prepara para las protestas de este fin de semana contra el certificado sanitario
Un día después de que el Gobierno francés recibiera el aval para generalizar la implantación del certificado sanitario, el país se prepara para afrontar la obligatoriedad de ese pase. Desde el próximo lunes, 9 de agosto será exigido, entre otros lugares, para entrar en bares y restaurantes o para viajar dentro del país.
Los franceses están divididos ante la implantación de esta medida: mientras que algunos consideran que es lo más apropiado para proteger la libertad de todos, otros opinan que lo único que se va a conseguir es dividir más a la ciudadanía.
Los sectores detractores ante esta medida han hecho un llamamiento a la ciudadanía para manifestarse en Baiona, Hendaia y Donibane Garazi. Será la cuarta semana consecutiva de protestas en el país galo. Según datos oficiales, en la última convocatoria se sumaron unas 200 000 personas en todo el territorio.
Estas son las situaciones en las que se requerirá el certificado sanitario:
- Acceder a bares y restaurantes (incluso en terrazas), gimnasios y centros comerciales
- Hospedarse en hoteles
- Desplazarse en un tren de largo recorrido
- Viajar en un vuelo nacional
- Pacientes no urgentes en centros de salud y hospitales
- Visitantes en los establecimientos de salud
- Acceder a residencias de ancianos
- Acceder a sitios de "ocio y cultura" que reúnan a más de 50 personas
Asimismo, el personal sanitario deberá estar vacunado obligatoriamente, así como otros profesionales que trabajen con personas vulnerables como bomberos o servicios de emergencia o trabajadores en residencias de ancianos. Todos ellos deberán completar la pauta de vacunación antes del 15 de octubre. En caso de no hacerlo, los trabajadores podrán ser suspendidos de empleo y sueldo.
Sin embargo, el Consejo Constitucional desestimó la posibilidad de despedir a un trabajador interino o a alguien con contrato temporal que se niegue a ponerse la vacuna contra la covid-19.
Por otro lado, también se ha anulado el aislamiento obligatorio de diez días para las personas que hayan dado positivo en covid-19, al considerar que la medida atentaba contra la libertad de cada individuo.
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