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Luz verde a Aukerak, la agencia para la reinserción, en la víspera de la transferencia de las cárceles

El proyecto ley de la Agencia Vasca de Reinserción Social ha sido aprobado con amplia mayoría, con la intención de facilitar segundas oportunidades a las personas encarceladas.
Cárcel de Zaballa. Foto: EITB Media.
Cárcel de Zaballa. Foto: EITB Media.

Un nuevo ente llamado Aukerak se encargará de organizar todos los asuntos relacionados con la reinserción sociolaboral de las personas presas, unas funciones que asumirá el Gobierno Vasco con motivo del traspaso a Euskadi a partir de mañana, 1 de octubre, de la gestión de las prisiones.

El proyecto ley de la Agencia Vasca de Reinserción Social fue aceptado por el Consejo de Gobierno vasco el pasado agosto y este jueves el pleno del Parlamento Vasco ha aprobado la norma por el procedimiento de lectura única, un instrumento legislativo que impide que los grupos parlamentarios hagan aportaciones a través del trámite de enmiendas.

La ley ha salido adelante con un respaldo muy amplio ya que únicamente han votado en contra los seis parlamentarios de PP+Cs y la única representante de Vox. El resto de los grupos ha defendido la creación de este organismo para facilitar segundas oportunidades a los presos.

Actualmente, la formación laboral de los internos depende de la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que continuará con esta labor hasta el 31 de diciembre de este año, momento en el que Aukerak asumirá estas funciones.

En el texto de la ley, ha explicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, se señala que Aukerak se configura como una entidad para "facilitar segundas oportunidades" a las personas privadas de libertad por medio de la formación en inserción laboral.

No se basará solo en la "mera ocupación" durante el cumplimiento de la pena, sino que definirá itinerarios de integración sociolaboral.  Así, proporcionará orientación y acompañamiento en la última fase de la condena o en el régimen de semilibertad.

Aukerak organizará el trabajo productivo en las cárceles y su retribución, gestionando los talleres, las explotaciones agrícolas y otros servicios.

Una vez aprobada la ley se creará el Consejo de Administración y los estatutos, su presupuesto estará definido en las cuentas generales de la comunidad autónoma y el organismo podrá recibir también subvenciones, donaciones y aportaciones de otras administraciones públicas.

El personal funcionario transferido que presta sus servicios en la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo pasará a prestar sus servicios en Aukerak, según ha adelantado Artolazabal.

Reacciones

El grupo PP+Cs ha votado en contra porque no comparte "la forma ni el cómo" del procedimiento por el que se ha tramitado este proyecto de ley sin opción al debate de enmiendas de los grupos. Así lo ha explicado el parlamentario Luis Gordillo, para quien la transferencia de las prisiones se ha gestionado con "mucha prisa" y hurtando información a la Cámara vasca.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, por su parte, se ha mostrado "radicalmente" en contra de esta agencia porque su partido defiende una "gestión centralizada" y ha dicho que no cree en la reintegración social de los presos de ETA que no se han arrepentido ni han renunciado a su pasado terrorista.

Los grupos Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, por su parte, han explicado sus votos favorables. Miren Gorrotxategi, portavoz del grupo morado, ha destacado que es necesario tener unas estructuras propias para la reinserción de las personas presas y garantizar el derecho a un trabajo remunerado. Ha lamentado las prisas para la aprobación de la ley, pero ha asegurado que comprende esa necesidad. Sin embargo, ha pedido que en el futuro se abra nuevos marcos de diálogo entre el Gobierno y la oposición para crear la nueva política penitenciaria de Euskadi.

En el mismo sentido, Eraitz Saez de Egilaz, de EH Bildu, ha mostrado el interés de su grupo por ser un activo incansable en el trabajo para crear un nuevo sistema penitenciario que se base en la garantía del derecho a una vida digna de las personas encarceladas.

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