La Audiencia Nacional archiva la causa contra Vitaldent al no quedar acreditada la estafa

La Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas por el presunto fraude de las clínicas Vitaldent al no quedar acreditados los delitos por los que han sido investigados.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez Manuel García Castellón archiva la causa, que comenzó en 2013 por una denuncia de los franquiciados de Vitaldent y por la que Colman pasó 15 meses en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. García Castellón considera que no hay indicios suficientes para acreditar los delitos fiscales, ni los de estafa o apropiación indebida de los que se les acusaba. 

Los investigadores sospechaban que un grupo de personas, entre ellas el entonces propietario de Vitaldent, diseñaron "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda", de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena. 

Según las acusaciones, se daban sobrecostes a los franquiciados en la instalación, montaje y material de las clínicas. Además, según la acusación, había conductas de presunta extorsión o amenazas, consistentes en la realización de auditorías sorpresivas y continuadas a las clínicas, y cortes del sistema de gestión financiera denominado "Ulises", que la central de Vitaldent proporcionaba a las clínicas franquiciadas.

Según el juez, esas afirmaciones conducirían a afirmar que el modelo de negocio de Vitaldent "sería en sí mismo un fraude dirigido a engañar a los franquiciados, y que, por ello, el mismo contrato de franquicia constituye la base del engaño". Lo cual "carece de todo sustento probatorio", añade el magistrado, que recuerda que era "una empresa con un gran número de empleados, más de 300 clínicas en España".

Tampoco pudo cometerse la estafa en las cláusulas del contrato, afirma García Castellón, pues todos los firmantes eran "perfectos conocedores de todos los extremos del contrato y, con plena libertad, se sometían al contrato".