La Fiscalía del Supremo, favorable a que el Gobierno Vasco exija el pasaporte covid
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido este lunes un informe a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal en el que se posiciona a favor de que el Gobierno Vasco pueda exigir el pasaporte Covid para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales. Considera que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
Según confirman fuentes fiscales, el Ministerio Público ha informado así favorablemente al recurso interpuesto por el Gobierno Vasco. Se basa en la sentencia del Supremo (STS 1112/21) del 14 de septiembre relativa al certificado covid en Galicia. Ahora, estima que concurren los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Responde así al recurso presentado por el Gobierno Vasco con el que pretende lograr el visto bueno, en contra de lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJV), para exigir ese pasaporte covid.
Con la respuesta de la Fiscalía sobre la mesa, la Sala Tercera del Supremo ahora tiene cinco días para decidir, aunque fuentes jurídicas avanzan que la resolución sobre el asunto llegará mucho antes de que se agote ese plazo.
Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sobre la que recaen estos recursos, debe tramitar y decidir de forma "preferente" el asunto.
El Real Decreto comprende que antes de decidir, la Sala debía dar traslado al Ministerio Fiscal --como así se hizo-- y a las partes "para que comparezcan y formulen alegaciones por plazo común de tres días".
Cabe recordar que el Supremo en septiembre sí que avaló y autorizó la petición del Gobierno gallego de exigir la presentación del pasaporte covid a los ciudadanos que quisieran acceder al interior de los locales de hostelería y de ocio nocturno en la comunidad gallega.
En esa ocasión, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimaba el recurso presentado frente el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que había rechazado esta medida el pasado mes de agosto.
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