Familia de Ardines: "El veredicto del jurado hace justicia aunque ya nadie puede reparar el daño causado"
La familia del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, asesinado en las proximidades de su domicilio el 16 de agosto de 2018, ha asegurado este jueves que el veredicto del jurado "ha hecho justicia", aunque nadie pueda reparar ya el daño que les han causado sus asesinos.
El jurado popular ha considerado probado por unanimidad que el vecino de Amorebieta-Etxano, Pedro Nieva, decidió acabar con la vida de Ardines movido por los celos al conocer que este mantenía una relación sentimental con su mujer. Para ello contactó con Jesús Muguruza, que hizo de intermediario con los dos sicarios que se encargaron de matar al edil.
La viuda y los dos hijos del edil asesinado han emitido este jueves un comunicado donde agradecen la dedicación y el esfuerzo de los miembros del jurado que, según señalan, "con independencia del resultado del veredicto, han cumplido ejemplarmente con un alto deber ciudadano".
Asimismo, han mostrado su agradecimiento al "escrupuloso trabajo" realizado por los agentes de la Guardia Civil y de su Unidad Central Operativa (UCO), que logró esclarecer los hechos tras una "meticulosa investigación", y al su letrado, Antonio Pineda, por el trabajo realizado durante estos tres años.
Igualmente, han manifiestado su respeto por el trabajo de los periodistas que han demostrado "objetividad y respeto a la verdad y al sufrimiento de familiares y amigos", a los que agradece que estuvieran a su lado mostrándoles su apoyo y solidaridad "en los difíciles momentos vividos".
El jurado declaró ayer por unanimidad culpables a los cuatro acusados de asesinar a Ardines, que sufrió una emboscada en un camino cerca de su casa en Belmonte de Pría (Llanes) al bajar de su vehículo para retirar unas vallas que le obstaculizaban el paso y ser rociado con espray de pimienta, golpeado con un palo y un bate de béisbol y posteriormente estrangulado.
El magistrado-presidente del jurado dictará en los próximos días una sentencia conforme a los hechos declarados probados por el tribunal popular y condenará a los cuatro acusados con una pena que se moverá en una horquilla entre los 25 años de cárcel que solicitan la Fiscalía y la acusación particular y los 20 años de prisión que interesan las defensas.
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