Archivada provisionalmente la causa contra dos ertzainas por una detención al no hallar indicios suficientes
El Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao ha sobreseído provisionalmente la causa contra dos ertzainas por presunta violencia desproporcionada en la detención de dos jóvenes.
En el auto, contra el que cabe recurso, la magistrada asegura que no existen suficientes pruebas para determinar que los agentes actuaran con brutalidad, y cita que del vídeo aportado como prueba "no se desprende que los hechos alcancen la gravedad que exige el tipo delictivo". "Existe una actuación policial, motivada por la conducta de las dos personas que resultaron detenidas, que se encontraban en estado ebrio, sin que conste que hayan sufrido siquiera lesiones ni presentasen denuncia alguna", argumenta la instructora del caso.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha hecho público, en un comunicado, la información referente a estos hechos, ocurridos en el barrio bilbaíno de San Francisco en junio de 2021, que fue grabado por una cámara, y las actuaciones posteriores. Desde que se iniciara la investigación judicial, los dos agentes implicados fueron apartados del servicio en la zona.
A instancias del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, el caso fue analizado por la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, que está presidida por el expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra.
La Comisión realizó un dictamen, fechado en junio, en el que estimó que "la intervención policial presenta características que pueden afectar negativamente a la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad e integridad de la actuación policial". Según el estudio, "parece que no funcionó" el control interno para detectar posibles abusos policiales.
Sobre la investigación interna que debía efectuar la Ertzaintza (no se llegó a producir ya que había en curso una instrucción judicial), el dictamen revela que "no se llevó a cabo una verdadera investigación sobre lo sucedido, ni sobre las personas que pudieron verse implicadas". La Comisión cree que "la existencia de un procedimiento penal no impide la instrucción por los mismos hechos del expediente disciplinario correspondiente", y añade que la ausencia de una actuación inmediata interna "retrasa la definición de medidas correctoras y dificulta su eficacia". Por último, la Comisión propone varias "áreas de mejora" como reforzar los protocolos sobre detenciones o ampliar el uso de cámara subjetivas entre los agentes, entre otras.
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