Las instituciones comienzan a enfocar las medidas contra la violencia machista en vigilar a los maltratadores

Cambio de paradigma en la estrategia para evitar feminicidios: las instituciones han comenzado a enfocar las medidas contra la violencia machista en vigilar y controlar a los maltratadores, además de en proteger a las mujeres.

En ese sentido, el Ministerio del Interior dará instrucción a las fuerzas de seguridad para que, ante los casos de violencia machista de "especial relevancia" o en los que hay un agresor "potencialmente letal", soliciten a la Justicia que ordene la instalación de pulseras de control telemático a estos maltratadores.

En la misma línea, el Ministerio ha señalado que está estudiando cómo comunicar los antecedentes a una mujer que comienza una relación con un agresor, tras pedir un informe a la Fiscalía. Una posibilidad, según señalan las fuentes, podría ser la información de estos antecedentes una vez que la mujer denunciara.

Fuentes de Interior citadas por EFE avanzan que estas son algunas de las medidas que Interior ha puesto encima de la mesa para mejorar la lucha contra el aumento de crímenes machistas en las últimas semanas tras el análisis que durante dos días las unidades especializadas en Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d"Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra han realizado de los 49 asesinatos machistas de 2022.

Según las mismas fuentes, la la solicitud de dispositivos de control telemático se hará por parte de los cuerpos de seguridad a través del informe de valoración de riesgo del caso cuando este sea valorado a partir del riesgo medio con especial relevancia.

Esta medida sigue la línea del escrito enviado este miércoles a los fiscales por parte de la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer. El objetivo, según han indicado las mismas fuentes, es mejorar el procedimiento en casos de especial relevancia y "potencialmente letales".

En la actualidad hay registrados en el sistema VioGén 18 mujeres en riesgo extremo, más de 730 en riesgo alto y unas 10.000 en riesgo medio. Además, hay 3.000 pulseras activas en la actualidad.

En Euskadi, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha abierto la puerta a adoptar este tipo de medidas, ya que, señala, "es hora de poner el foco en los agresores". 

Medidas de la Fiscalía

Por otra parte, los y las fiscales en los casos de violencia machista pedirán medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos e hijas, aunque las víctimas no las soliciten, y la instalación de dispositivos telemáticos en situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia si no se ha solicitado prisión.

Son algunas de las instrucciones que ha remitido la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, a las fiscalías delegadas de Violencia de género de todo el Estado español tras el incremento de asesinatos machistas en diciembre y este principio de año.

En el escrito, Peramato reclama a fiscales "intensificar la actuación proactiva" de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo soliciten, las medidas cautelares. Recuerda que se debe, además, de valorar toda la información de los registros policiales (VioGén), de Justicia (Siraj) y otros, los fiscales deberán solicitar las diligencias para determinar el riesgo con mayor exactitud, en concreto, la valoración forense del mismo.

Si se estima que el riesgo es "extremo", "alto" o "medio de especial relevancia" y no se solicita prisión preventiva, el ministerio público reclamará la instalación de pulseras telemáticas a los posibles agresores.

Peramato recuerda que en casi el 43 % de los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022 había denuncias previas y solo en 6 ocasiones se acordó la orden de protección y en otras 4 ocasiones se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación).

Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20 % y las acordadas fueron el 66,7 % de las solicitadas, por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13,9 % de los supuestos denunciados.

"Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", asegura Teresa Peramato.