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La Audiencia Nacional procesa por terrorismo al acusado de enviar seis cartas con artefactos explosivos

Remitió paquetes con material pirotécnico al expresidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la Embajada de Ucrania en España y a varias instituciones. El magistrado José Luis Calama sostiene que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo al presunto autor de los ataques
Sobres con explosivos. Imagen de archivo de un vídeo de EiTB Media
Sobres con explosivos. Imagen de archivo de un vídeo de EiTB Media

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado por delitos de terrorismo y fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista al hombre de 74 años detenido en Burgos por el envío de seis cartas con material pirotécnico el pasado noviembre. 

Una de ellas iba dirigida al expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También remitió paquetes explosivos a la ministra de Defensa, la Embajada de Ucrania en España y varias instituciones, como el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. El magistrado sostiene que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo al presunto autor de los ataques, Pompeyo G.P.

En su auto, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que si bien no hay indicios de que pertenezca a un grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en la Embajada de Ucrania -donde hubo un herido-) y los destinatarios de sus acciones, evidencian que está "presente el objetivo de alterar la paz pública".

Calama entiende que con esos envíos transmitió "el mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa, como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".

De hecho le califica como "antagonista" del apoyo prestado a Ucrania por los Gobiernos de España y Estados Unidos de América.

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