Tres detenidos en San Sebastián por un fraude de 97 000 euros en prestaciones sociales
Tres personas han sido detenidas en Donostia-San Sebastián por agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusadas de participar en un fraude de 97 000 euros en prestaciones sociales percibidas gracias a un falso empadronamiento.
Según informa este cuerpo policial en una nota, los tres detenidos son un matrimonio y un varón que presuntamente facilitaba empadronamientos a través de contratos ilegales de arrendamiento.
La investigación de este caso arrancó después de que el CNP conociera que en una vivienda de San Sebastián había varias personas empadronadas fraudulentamente.
Los agentes descubrieron que el promotor del fraude era un hombre de nacionalidad marroquí que ofertaba empadronarse en su domicilio a cambio de una compensación económica.
Para ello, suplantaba la firma del propietario de la vivienda que tenía alquilada para realizar falsos contratos de arrendamiento con los que permitía que terceras personas se empadronaran ilegalmente en el domicilio.
Los policías centraron entonces sus pesquisas en las personas que se empadronaban falsamente y detectaron que uno de ellos residía en otro domicilio junto a su mujer e hijo menores y que había simulado la disolución de la unidad de convivencia para percibir distintas ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que suponían 1319,48 euros para él y 1260,34 euros para su mujer, de manera que el matrimonio ingresaba 2579,82 euros al mes.
Tras investigar el inicio de la percepción de las subvenciones, los agentes descubrieron que la pareja había llegado a obtener de esta forma más de 97 000 euros.
Posteriormente, constaron que ambos miembros del matrimonio trabajaban para una empresa de mensajería, sin contrato, con un sueldo aproximado de 1300 euros mensuales y sin declarar estos ingresos.
Además, descubrieron que el hombre también cobraba 496 euros mensuales del SEPE en concepto de subsidio por desempleo, al tener declarada una minusvalía que le impedía levantar cargas.
Finalmente, con todas estas ayudas e ingresos ilegales paralelos, los agentes pudieron determinar que el matrimonio investigado llegó a cobrar 3879 euros netos mensuales.
Por estos motivos, el pasado 20 de diciembre los tres investigados fueron detenidos y puestos a disposición judicial, tras lo quedaron en libertad provisional a la espera de juicio.
El arrendador ha sido acusado por su presunta participación en un delito de falsedad documental, al firmar falsos contratos de alquiler para facilitar empadronamientos ilegales, mientras que el matrimonio lo ha sido por su supuesta en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
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