La Audiencia Nacional propone juzgar a Rubiales por el beso no consentido a Hermoso

El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar al expresidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial en Australia, y por las presiones a las que se la sometió para justificarlo. Además, propone enviar a juicio al director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, al exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al exresponsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera, por las presiones posteriores a la jugadora para que accediese a realizar una manifestación pública afirmando que el beso había sido consentido.

Tras varios meses de investigación, el juez ha dado por finalizada la instrucción al considerar que se han practicado todas las diligencias pertinentes.

En el auto hecho público este jueves por la Audiencia Nacional, el juez concluye que el beso a la jugadora "no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva" del investigado Luis Rubiales. Además, relata que las presiones a las que se sometió a la jugadora crearon en Jennifer Hermoso una situación de "ansiedad e intenso estrés".

El magistrado no especifica en su auto los delitos por los que propone juzgar a Rubiales porque, según explica, en este momento su función "se limita a apreciar que existen indicios suficientes" y "que esos hechos son relevantes penalmente, siendo por ello perfectamente sostenible una acusación".

El juez instructor añade que "la finalidad erótica o no o el estado de euforia y agitación" experimentado como consecuencia de la victoria son elementos cuyas consecuencias jurídicas deberán valorarse en el juicio oral.

Respecto a la conducta de los otros tres investigados, De Jorge considera que existen indicios de la existencia de una acción concertada de los tres, acordada con Luis Rubiales, para "conseguir que accediera a grabar un vídeo en el que dijese que el beso había sido consentido".

La resolución acuerda dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o en su caso el sobreseimiento de la causa.