Detenidas cinco personas en Vitoria-Gasteiz acusadas de concertar matrimonios de conveniencia con extranjeras

La Policía Nacional ha detenido en Vitoria-Gasteiz a cinco personas, una mujer y cuatro hombres, acusadas de concertar "matrimonios de conveniencia" para regularizar la situación administrativa de personas extranjeras. Los agentes han localizado un total de siete víctimas de esta trama, aunque la investigación continúa abierta, y no se descartan más víctimas o arrestos.

Según informa la Delegación del Gobierno español en Euskadi en una nota, la investigación comenzó en noviembre, cuando los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras de Álava tuvieron conocimiento de que una mujer y dos hombres, residentes en la capital alavesa, podrían estar concertando matrimonios. Ese mismo mes fue detenida la mujer, presunta cabecilla de la trama, y dos hombres. Ya en febrero, arrestaron al resto de investigados.

El "modus operandi" del grupo consistía, según comprobaron después, en localizar a personas de la República Dominicana, fundamentalmente mujeres, que quisieran residir en el Estado español de forma regular. Les ofrecían una vida de mayor calidad, trabajo y la posibilidad de ganar mucho dinero a través de falsas promesas. Las víctimas pagaban entre 10 000 y 15000 euros por el acuerdo.

Una vez seleccionada la víctima, un miembro de la organización viajaba al país caribeño y formalizaba un matrimonio civil con la víctima. Posteriormente, regresaba al Estado y entregaba la documentación a la responsable de la trama, la cual se encargaba de preparar los documentos necesarios para solicitar la "reagrupación familiar". Cuando estaban listos, otro integrante del grupo recogía a la víctima en el aeropuerto y la trasladaba hasta Vitoria-Gasteiz.     

Ya en la capital alavesa, eran llevadas al domicilio de la cabecilla, donde comenzaban a ser consciente del engaño. Allí, les informaban de que la cantidad de dinero que tenían que abonar era superior a la pactada. Así, las obligaban a pagar un alquiler por la habitación que les facilitaba para residir y encargarse de las tareas del hogar e incluso de llevar a sus hijos al colegio, todo ello sin ningún tipo de contraprestación ni contrato. Además, al menos una de las víctimas fue obligada a ejercer la prostitución para saldar la deuda.

Se les acusa de los presuntos delitos de favorecimiento a la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva y pertenencia a grupo criminal.