Dos detenidos en Sestao tras falsificar 200 recetas médicas para obtener medicamentos
La Ertzaintza ha detenido en Sestao a dos personas, una mujer, de 47 años, y un hombre, de 45 años, a los que se acusa de falsificación continuada de recetas médicas, además del presunto delito de estafa y otro contra la salud pública. En la investigación se han ocupado más de doscientas recetas falsificadas y despachadas en farmacias de Bilbao y otros municipios de Bizkaia para la obtención fraudulenta de medicamentos.
La investigación de este caso comenzó hace varios meses en la Ertzain-etxea de Bilbao y luego pasó al SICTB (Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia), al haberse cometido el delito de manera continuada en farmacias de diversos municipios del territorio vizcaíno. Como antecedente, en el mes de septiembre de 2024, lla Ertzaintza detuvo en la capital vizcaína a una mujer por haber hurtado, presuntamente en un ambulatorio de Cantabria, dos talonarios completos de recetas y también dos sellos médicos, para poder falsificar dicho documento sanitario, y obtener medicamentos en la farmacia de manera fraudulenta.
Las pesquisas policiales han detectado en los últimos meses 214 incidencias relacionadas con recetas fraudulentas, las cuales habían sido despachadas a cambio de medicamentos, en la mayoría de los casos el mismo tipo de fármaco. Estas recetas falsificadas fueron ocupadas por parte del equipo de investigación para su análisis. La mayoría fueron dispensadas en farmacias de Bilbao, pero también en algunos municipios de la Margen Izquierda, como Barakaldo, Sestao o Portugalete y en menor medida en otras localidades de Bizkaia.
Las averiguaciones concluyeron que eran las mismas personas las identificadas como presuntas autoras de los hechos, que partían en un inicio del hurto de los talonarios y seguidamente se concretaban en otros delitos. Primero por la falsificación de documento público continuado, también por la supuesta comisión de un delito de estafa continuada en base al fraude por la recogida de los medicamentos obtenidos. Se estima que la cantidad defraudada podría ascender a más de 12.000 euros.
Finalmente, de la cantidad de medicación obtenida fraudulentamente, se puede inferir que la misma no pudo ser utilizada para consumo propio de los implicados y que se adquirió para una posterior distribución, lo que supone también un presunto delito contra la salud pública.
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