Ley de Familias: año y medio paralizada en el Congreso

La Ley de Familias, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, lleva un año y medio paralizada en el Congreso de los Diputados. Por el momento, se han acumulado más de 50 prórrogas del plazo de enmiendas y sigue sin haber fecha para su primer debate.

Esta norma reconoce la diversidad de las diferentes situaciones familiares y busca mejorar la protección social de las mismas. En concreto, tiene tres objetivos: reconocer jurídicamente y tratar de equiparar la diversidad familiar al marco legal, mejorar la protección social que perciben los diversos tipos de familias y la equiparación jurídica de las mismas.

El proyecto se aprobó en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En la rueda de prensa posterior, el ministro Pablo Bustinduy afirmó que “la política social, y especialmente lo que tiene que ver a la protección de las familias y de la infancia, ha sufrido tradicionalmente un déficit estructural de inversión pública en España”.

Aseguró que la norma “afianza una red de protección y apoyo a las familias y la crianza”, y añadió que servirá para “profundizar en la libertad para poder desarrollar sus proyectos vitales”.

Diversidad familiar
   
La norma reconoce jurídicamente a todos los supuestos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad.

Asimismo, el Ejecutivo elimina el término de 'familias numerosas', que pasarán a llamarse 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza'.

Dentro de esta categoría se incluyen las familias que tienen cuatro hijas/os o más, las familias con tres hijas/os en caso de parto múltiple, las familias con tres hijas/os y bajos ingresos, las monomarentales y monoparentales con dos hijas/os a cargo, las de dos hijas/os que tengan un padre o un hijo con al menos 33 % de discapacidad, y los hogares con dos hijas/os y encabezados por una víctima de violencia de género.

En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida, ambos progenitores podrán ostentar el título de familia con mayor necesidad de apoyo a la crianza, y acogerse ambos a los beneficios por familia numerosa.

Por otra parte, la norma también recoge que las familias monomarentales o monoparentales tendrán prioridad en la elección de colegios o a la hora de acceder a una vivienda protegida, entre otras situaciones.

Asimismo, las familias con una sola persona progenitora tendrán acceso a dieciséis semanas de educación infantil de forma gratuita, dentro de los veinticuatro meses a contar desde el nacimiento.

En cuanto a las parejas de hecho, se creará un registro estatal y tendrán los mismos derechos que un matrimonio. En este caso, recibirán pensión de viudedad y quedan recogidas en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja de hecho.

En cuanto a la oposición, el Partido Popular se ha mostrado en contra de esta norma, ya que consideran que invade competencias autonómicas. En octubre de 2024, la formación dirigida por Alberto Nuéz Feijoó registró su proposición de ley sobre conciliación.

Sin embargo, a lo largo de este tiempo las asociaciones de familias han pedido la aprobación de la ley. La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), por ejemplo, lanzó en mayo una campaña en la que denunciaban "abandono institucional".