La acusación cree que los testigos han acreditado el desfalco del expresidente de la DYA

El letrado de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), Pablo Münzenmayer, ha valorado que testigos y peritos hayan aportado pruebas suficientes para condenar al que fuera presidente de la ONG hasta 2021, Fernando Izagirre, y su socio, Juan Diego Gallardo, por haberse apropiado supuestamente de 4,7 millones.

Al terminar la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia, Münzenmayer, que ejerce la acusación particular, ha explicado que los testimonios que se han escuchado en la sala acreditan que ambos actuaron de manera conjunta para traspasar alrededor 5 millones de euros de fondos de la DYA a otras sociedades, en las que eran administradores o socios.

Por ello, pedirá mañana en su informe definitivo que se considere a ambos investigados culpables de un delito de administración desleal y se les imponga una pena de 8 años de prisión. Por su parte, la acusación particular en representación de Emergencias Plus, limitará su petición de pena por este delito a 6 años.

Adicionalmente se reclamará una pena de dos años y medio por falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Izagirre y otros cuatro para Gallardo.

Entre los testigos, Santiago Gonzalo, que asumió la presidencia de la DYA cuando Izagirre dejó el puesto para asumir el cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco, ha expresado su sorpresa al recibir de parte del abogado que asesoraba a la ONG "una montaña de papeles" con supuestas irregularidades en la gestión de la entidad.

Tuvo que encargar la actuación de un "forense financiero" para aclarar "ese desbarajuste" de las cuentas porque Izagirre no aportó documentación que justificara los "préstamos" de la DYA a otras entidades y tampoco unos 35 000 euros de compras online con la tarjeta de crédito de DYA de ropa y otros artículos.

"Ningún miembro de la junta de la DYA conocía que la sociedad hacía préstamos" millonarios a Emergengy Plus, una filial creada supuestamente para gestionar los Recursos Humanos de DYA y que habilitaría a esa ONG para presentarse a concursos públicos, y que después esos fondos iban a otras sociedades y terminaban en manos de ambos investigados.

Javier Liz, que fue gerente de la ONG desde 2021, ha asegurado que recibió "una tesorería muy preocupante", con todos sus inmuebles hipotecados y que se habían concedido más de 5 millones de préstamos a una filial".

"No encontré nada que sostuviera esos pagos", ni nada que explicara por qué 4,7 millones de esos créditos terminaron en Ambulancias Barcelona, una empresa que estaba inactiva desde 2011. Decidió viajar a Barcelona para investigar esas "operaciones extrañas".

Descubrió que desde esa empresa se desviaban a su vez a otras dos mercantiles "que no tenían nada que ver con DYA", de las que tanto Izagirre como Gallardo eran administradores o socios, por lo que la dirección de la DYA decidió denunciar el posible desfalco.

Tras averiguar que esa deuda de DYA era "incobrable", la asociación entró en causa de disolución y después en concurso de acreedores.

Los peritos de esta causa que auditaron las cuentas de la DYA tras la salida de Izagirre han detallado "una sensación de desastre desde el punto de vista financiero y de liquidez" y "caos" en la gestión donde había años en que no se cumplía con la obligación legal de auditar las cuentas.

Izagirre, que fue además concejal del PNV en el Ayuntamiento de Galdakao, asumió el cargo de coordinador general de la DYA en 2006, y fue presidente de la entidad desde 2016 durante unos 5 años. En ese tiempo, en colaboración con su socio en varias empresas con sede en Cataluña, Gallardo, desvió fondos de la entidad benéfica a esas mercantiles y se beneficiaron de ello, creen probado las acusaciones.

El juicio continuará mañana con la declaración de los dos encausados y después las partes presentarán sus informes definitivos.