RACISMO INMOBILIARIO
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Cataluña multa con 10 mil euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler

Hamid y su familia hicieron varios intentos para alquilar una vivienda en Mataró y siempre recibían una negativa, a pesar de cumplir los requisitos. Él denunció este trato ante las autoridades hasta en 13 ocasiones.
Hamid, víctima de racismo inmobiliario

La Generalitat catalana ha impuesto una sanción pionera de 10 001 euros a una agencia inmobiliaria por un caso de racismo en el acceso al alquiler, del que fue víctima Hamid, un vecino de Mataró (Barcelona) de nacionalidad marroquí.

Hamid había denunciado hasta a 13 agencias inmobiliarias con la misma acusación: no quererle arrendar un inmueble por su origen, a pesar de cumplir con los requisitos. La mayoría de estas denuncias se archivaron después de diversos trámites burocráticos de las administraciones públicas.

Sin embargo, gracias al acompañamiento del Observatorio Desca, la entidad social que ha acompañado a la víctima, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) de la Generalitat abrió finalmente en septiembre de 2025 los primeros expedientes administrativos sancionadores contra casos de racismo inmobiliario producidos de forma encubierta por parte de agencias inmobiliarias.

Uno de los casos, finalmente, ha acabado en sanción.

En esa ocasión, Hamid pidió información de un piso a principios de 2024 y la respuesta de la agencia inmobiliaria fue que ya estaba alquilado. Sin embargo, un compañero de trabajo de Hamid hizo la misma solicitud poco después y la inmobiliaria le dijo que seguía disponible y concertó una visita, a la que acudió Hamid para pedir una explicación sobre la diferencia de trato.

La resolución de la OITND reconoce que los hechos denunciados consisten en un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por motivos étnicorraciales o por origen. Como resultado, ha sancionado con una multa de 10 001 euros a la agencia inmobiliaria y le ha establecido la prohibición de recibir ayudas y subvenciones públicas, así como de contratar con la Administración de la Generalitat durante un año.

Las entidades sociales consideran este resultado como "un primer paso poner fin a la impunidad del racismo inmobiliario".

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