Harrera Sarea denuncia la "actitud profundamente discriminatoria y racista" del Ayuntamiento de San Sebastián

La asociación Hiritarron Harrera Sarea de San Sebastián ha denunciado este lunes la "actitud profundamente discriminatoria y racista" del Ayuntamiento donostiarra, que, tras prohibir el reparto de las cenas solidarias para personas sin recursos de Kaleko Afari Solidarioak (KAS), lleva a cabo "numerosos desalojos y actuaciones de limpieza contra las personas que viven en la calle".

Los portavoces de Harrera censuran que "durante los meses de verano han aumentado estas actuaciones por parte de la Policía Municipal y de la Ertzaintza", que incluyen "amenazas para que estas personas abandonen los lugares en los que duermen, rotura y destrucción de sus pertenencias, tiendas de campaña rajadas, y retirada y desecho de sus objetos personales”, entre otras.

Además, critican que el alcalde donostiarra, Jon Insausti, "intenta lavar su actitud ofreciendo, o intentando ofrecer, recursos que son completamente insuficientes para hacer frente a la situación" y lamentan que una persona puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle hasta que finalicen los trámites para poder recibir algún tipo de recurso estable o apoyo efectivo.

Asimismo, señalan que "el albergue municipal ofrece únicamente cinco noches cada tres meses; no existe ningún comedor social; no hay un acceso suficiente a duchas ni a lavadoras, y no se facilita ropa, ni siquiera una manta para quienes duermen en la calle".

Criminalizar la solidaridad

Los miembros de Harrera Sarea se muestran "completamente impactadas por el extremo al que está llegando la criminalización de la solidaridad en la ciudad". Así, han lamentado que "no solo se persigue, identifica y amenaza a personas que, con sus propios carros, salen al atardecer a repartir bocadillos, sino que esta persecución está llegando también a las propias actividades de las asociaciones".

En este sentido, han alertado de que en los últimos días se han dado situaciones "tan graves” como la identificación y amenaza de sanción a voluntarias por compartir la merienda con jóvenes sin hogar o por impartirles clases de castellano y euskera".

"A las personas migrantes se les exige constantemente que se integren, que aprendan los idiomas de aquí, que asistan a clases y que realicen cursos de formación", pero "cuando hacen ese esfuerzo y buscan aprender los dos idiomas, en espacios organizados por personas voluntarias (ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales), se encuentran con situaciones de hostigamiento, trabas y obstáculos”.

Tras subrayar que se trata de una "actitud profundamente discriminatoria y racista", han tildado de "grave y triste que, en pleno siglo XXI, tengamos que estar viviendo este tipo de situaciones simplemente por ayudar, apoyar y acompañar a personas que se encuentran en una situación de necesidad".

"No podemos normalizar que la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones, cuando se dirige a personas en situación de sinhogarismo, sean migrantes o no. Ayudar no es un delito", concluyen.