El Instituto de la Memoria abarcará todas las violencias
El Parlamento Vasco cuenta ya con una iniciativa para la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, un organismo que se encargará de coordinar todas las políticas referentes a todas las víctimas de la violencia.
PNV, PSE-EE, Ezker Anitza-IU y los tres parlamentarios vascos expulsados de Aralar han suscrito y presentado una proposición de ley para la creación de este instituto, con el compromiso de aprobar su creación esta legislatura.
Todos han coincidido en mostrar su esperanza en que se pueda ampliar este consenso, en el que no están el PP, Eusko Alkartasuna y UPyD.
Su finalidad será coordinar y desarrollar las políticas públicas dirigidas a garantizar y promocionar la memoria, la convivencia democrática y los derechos humanos.
La proposición de ley prevé que velará por la preservación, desarrollo y difusión del patrimonio colectivo que supone la memoria de las víctimas en la defensa de los principios y valores en que se sustenta la convivencia democrática, e impulsará la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos y los valores de la paz.
En su dirección habrá miembros del Gobierno Vasco, del Parlamento, representantes de las diputaciones forales, de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma e independientes elegidos por el Parlamento entre personas de reconocido prestigio en la promoción de la memoria y la defensa de las libertades y la convivencia.
En la exposición de motivos de la futura ley se recuerda que en los últimos cien años la sociedad vasca "ha sufrido, al menos, tres experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista y la lacra del terrorismo".
Cita además "otros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de violencia de motivación política que ha condicionado el desarrollo de la sociedad vasca durante los últimos cuarenta años".
En el texto se reconoce la diferencia entre los distintos episodios, pero también el "nexo común" de la existencia de un "sufrimiento injustamente padecido y el esfuerzo por construir y defender, aún en las peores circunstancias, una convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos".
El Parlamento Vasco cuenta ya con una iniciativa para la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, un organismo que se encargará de coordinar todas las políticas referentes a todas las víctimas de la violencia.PNV, PSE-EE, Ezker Anitza-IU y los tres parlamentarios vascos expulsados de Aralar han suscrito y presentado una proposición de ley para la creación de este instituto, con el compromiso de aprobar su creación esta legislatura.Todos han coincidido en mostrar su esperanza en que se pueda ampliar este consenso, en el que no están el PP, Eusko Alkartasuna y UPyD.Su finalidad será coordinar y desarrollar las políticas públicas dirigidas a garantizar y promocionar la memoria, la convivencia democrática y los derechos humanos.La proposición de ley prevé que velará por la preservación, desarrollo y difusión del patrimonio colectivo que supone la memoria de las víctimas en la defensa de los principios y valores en que se sustenta la convivencia democrática, e impulsará la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos y los valores de la paz.En su dirección habrá miembros del Gobierno Vasco, del Parlamento, representantes de las diputaciones forales, de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma e independientes elegidos por el Parlamento entre personas de reconocido prestigio en la promoción de la memoria y la defensa de las libertades y la convivencia.En la exposición de motivos de la futura ley se recuerda que en los últimos cien años la sociedad vasca "ha sufrido, al menos, tres experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista y la lacra del terrorismo".Cita además "otros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de violencia de motivación política que ha condicionado el desarrollo de la sociedad vasca durante los últimos cuarenta años".En el texto se reconoce la diferencia entre los distintos episodios, pero también el "nexo común" de la existencia de un "sufrimiento injustamente padecido y el esfuerzo por construir y defender, aún en las peores circunstancias, una convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos".
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