Interior no modificará su política penitenciaria por el fallo del TEDH

El Gobierno español ha asegurado que corresponde a la Audiencia Nacional decidir el alcance del fallo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la 'doctrina Parot' y si afecta a otros miembros de ETA que continúan en prisión por la aplicación de esa doctrina.

En cualquier caso, ha advertido de que las posibles excarcelaciones que se vayan a producir como consecuencia de ello "en ningún caso" van a suponer "impunidad", por lo que el Ejecutivo "velará de manera muy especial por que no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas".

Así lo han declarado en rueda de prensa los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, en rueda de prensa para valorar la sentencia del  tribunal europeo.

Ruiz-Gallardón ha subrayado que "es al tribunal sentenciador a quien corresponde establecer cómo aplicará la sentencia", si bien ha recalcado que en cada caso la Fiscalía realizará un "estudio profundo sobre la conveniencia de la aplicación de la sentencia".

Por su parte, Fernández Díaz ha subrayado que si el fallo del Tribunal de Estrasburgo conllevara "eventuales excarcelaciones", el Gobierno "velará por el cumplimiento de la ley", y especialmente para que "no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas". "En ningún caso va a suponer impunidad", ha afirmado.

Fernández Díaz, ha dejado claro que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot no cambiará la política penitenciaria del Gobierno. Además ha advertido de que al Gobierno "no le temblará el pulso" en las actuaciones contra ETA y ha citado la reciente operación contra Herrira.

"Esta sentencia no altera el firme compromiso del Gobierno que se siente claramente acompañado por las fuerzas políticas y la sociedad española de seguir trabajando hasta conseguir la total disolución de la banda", ha dicho el ministro del Interior.

El Estado 'no pagará la multa'

Por otro lado, el Gobierno no pagará a Inés del Río la multa de 31.500 euros que la sentencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) le ha impuesto al Estado y se los descontará de la deuda que mantiene con éste al haber sufragado las indemnizaciones a las víctimas de sus atentados.

Según Gallardón, el Estado no pagará a Del Río estas cantidades, ya que tuvo que hacerse cargo de las elevadas indemnizaciones por resarcimiento a las víctimas de sus atentados porque ella se declaró insolvente.

El Estado anticipó ese importe con cargo a los presupuestos públicos y, por tanto, es una deuda que Inés del Río mantiene con él, ha subrayado Ruiz-Gallardón, que ha recordado que todavía no ha prescrito el derecho de la Administración estatal de reclamar a la condenada esa cantidad que adelantó.