161 cargos electos piden amparo internacional para poder votar

161 cargos electos de CiU, ERC, ICV-EUiA en los ayuntamientos y las diputaciones catalanas, el Parlament, el Congreso, el Senado y la Eurocámara han solicitado este miércoles a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la CE, al Consejo de Europa y a la OSCE que lleven a cabo "todas las actuaciones necesarias" para garantizar que los catalanes puedan decidir democráticamente su futuro político.

Así lo han manifestado en un acto conjunto celebrado en la Cámara catalana con la lectura de un manifiesto, en catalán, inglés, francés y alemán.

Con la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, al frente, el acto se celebra dos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido cautelarmente el proceso de participación del 9 de noviembre.

Por ello, en la declaración manifiestan su voluntad de trasladar a las instituciones internacionales que desde Cataluña, con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, se han utilizado todas las vías legales para poder celebrar un referéndum o consulta sobre el futuro político de Cataluña, incluyendo la opción de la independencia.

También han constatado la falta de voluntad política que, a su juicio, ha tenido el Gobierno central para dialogar y negociar así como su negativa permanente a hacer posible el derecho a decidir, una actitud que evidencia "una decidida involución política y democrática, claramente dirigida a debilitar al autogobierno catalán".

Así, remarcan que se sienten "legitimados" para emprender las actuaciones políticas necesarias que permitan conocer la voluntad mayoritaria del pueblo catalán en relación a su futuro político y, posteriormente, para obrar en consecuencia.

Además, consideran que el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano, por lo que se reconoce a sí mismo el derecho a decidir su futuro político, y que ha expresado repetidamente durante los últimos años esta voluntad.

Tras asegurar que desde el Parlament y el Govern se han seguido todos los pasos necesarios para hacerlo posible, han sostenido que la posición española" contraviene la práctica internacional propia de países democráticos y el derecho internacional".