España no detendrá a los 20 imputados por crímenes franquistas

La Policía Nacional española no detendrá a los 20 imputados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, cuya orden de arresto preventivo solicitó ayer Interpol Argentina.

La razón es que Interpol España ha alegado ante su Secretaria General con sede en Lyon una resolución aprobada por este organismo en 2010 (la AG-2010-RES-10) y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La sede general de Interpol ha aceptado la reclamación de la oficina española y no ha aplicado el distintivo rojo que afecta a la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto, según han informado fuentes policiales.

Interpol España ya actuó de la misma manera cuando el año pasado la misma juez solicitó la extradición de ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo.

Familiares de víctimas del Franquismo han denunciado la artimaña del Gobierno para "proteger a estos criminales" y han confiado en que la juez argentina pida la extradición, lo cual obligaría a pronunciarse al Consejo de Ministros.

En caso de tratarse de una petición de extradición, el Consejo de Ministros habitualmente las autoriza aunque puede negarse. En caso de mostrarse a favor de la entrega, la Audiencia Nacional tiene dos opciones negarse o concederla. Si informa a favor de la extradición, el Ejecutivo puede concederla o denegarla.

Orden de detención contra 20 acusados

Interpol Argentina pidió ayer a España la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados en la causa contra los crímenes del franquismo impulsada en Buenos Aires, así como el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional.

En la lista figuran 20 personas, entre ellas varios altos cargos franquistas, como los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina,

Dicha petición se produce "para evitar posibles confusiones por razones de homonimia", antes de hacer extensiva la medida a la totalidad de los países miembros de Interpol.

Las órdenes de detención han sido dictadas a raíz del auto emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires el pasado 30 de octubre, en el que solicitaba la detención de 20 acusados, según aclararon desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

La Justicia argentina pidió la extradición de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, por responsabilidades en la muerte en Vitoria-Gasteiz, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.

A José Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España (1974).

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, la orden incluye al excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

En ese sentido, el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de querella investigada en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo, ha denunciado la artimaña llevada a cabo por el Gobierno de España para no hacer las detenciones y "proteger" a estos "criminales".

"El Gobierno español está protegiendo a esta gente", ha criticado Slepoy, para advertir de que la actuación de la oficina Interpol España significa la "impunidad" de estos delitos. "Nos parece vergonzoso que de forma tan descarada se proteja a estos criminales", ha añadido.

Con todo, el abogado ha afirmado que todavía queda abierta la posibilidad de que la jueza argentina pida la extradición, lo cual obligaría a pronunciarse al Consejo de Ministros.

Catalá cree que la AN denegará la entrega

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vaticinado que la Audiencia Nacional denegará la extradición a Argentina de la veintena de investigados alegando la prescripción de los hechos y recordando la Ley de Amnistía de 1977.

Así ha respondido al ser preguntado en los pasillos del Congreso por la orden de Interpol. El ministro ha dicho desconocer el detalle de esa comunicación, pero sí ha considerado que la Audiencia Nacional dictará una resolución "muy equivalente" a la que emitió por "hechos similares" en el caso del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, cuando rechazó su extradición.

"Hay que estudiar esa orden de Interpol, pero por los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares de los que ahora hemos tenido conocimiento a través de la prensa, yo creo que la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de Amnistía", ha respondido.

Catalá ha destacado que esta norma, aprobada por unanimidad en 1977, "intentó superar una etapa trágica de nuestra historia". "Pero totalmente superada", ha enfatizado.