El PP aprueba el nuevo Código Penal que instaura la cadena perpetua
El Pleno del Congreso ha dado hoy luz verde al nuevo Código Penal que la oposición ha tachado como una "chapuza" por introducir "la cadena perpetua" a través de la figura de la prisión permanente revisable, si bien el PP ha defendido su constitucionalidad avalada por los órganos consultivos del Estado.
Con el único apoyo de los populares, la Cámara baja ha sacado adelante el texto que llegará al Senado tras más de un año y cuatro meses de tramitación parlamentaria, del que será el gran proyecto estrella del Ministerio de Justicia aprobado por las Cortes en esta legislatura.
En el debate, la oposición ha criticado duramente la reforma tanto por su fondo, que consideran "represivo, populista e innecesario", como por su forma, al denunciar un "atropello" en su tramitación, lo que ha sido negado por el PP que ha recordado que el texto se ha sometido al mismo recorrido parlamentario que la reforma de 2010 a instancias del PSOE.
Lucha contra la corrupción
La incorporación de la prisión permanente revisable, la elevación de la edad de consentimiento sexual que pasa de los 13 a los 16 años, así como la "escasa" e "insuficiente" regulación del paquete de medidas de lucha contra la corrupción han centrado las críticas de los grupos a la reforma, calificada por el PP como "imprescindible", ya que persigue a los corruptos y a los delincuentes que cometen los "crímenes más execrables".
En relación a la corrupción, los grupos han considerado "insuficientes" las nuevas medidas incorporadas al Código Penal que deniega la libertad condicional a los condenados por corrupción que no devuelvan el dinero y castigará con multa las donaciones ilegales a los partidos hasta los 500.000 euros, y con pena de cárcel las superiores.
Entre otras novedades, el nuevo Código Penal castiga "la explotación sexual" contra los animales (zoofilia) y obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Congreso de los indultos concedidos y denegados.
El texto mantiene también la figura del delito de coacción a la huelga que la oposición ha pedido derogar, si bien se incluyen penas no privativas de libertad -multas- y se reducen los tipos tanto para los empresarios como para los piquetes, que tendrán penas más elevadas que los primeros.
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