Vitoria insta al fiscal a investigar un alquiler acordado por Alonso
El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado hoy una moción en la que insta a las Fiscalías del Tribunal Supremo y del Superior de Justicia del País Vasco a que consideren la posibilidad de abrir diligencias por el contrato de alquiler de las oficinas de San Antonio, acordado cuando Alfonso Alonso era alcalde.
Además, la moción reprueba "firmemente" la gestión realizada durante los gobiernos municipales presididos por Alfonso Alonso, actual ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y por el entonces concejal de Hacienda, el actual regidor Javier Maroto, ambos del PP.
Durante el pleno municipal, Bildu y PSE-EE, que cuentan con 6 concejales cada uno, han transaccionado la moción, que ha salido adelante. El PP (9 ediles) ha votado en contra y el PNV (6) se ha abstenido.
El Tribunal de Cuentas del Estado reclama cerca de 440.000 euros al actual ministro de Sanidad, a Maroto y a otros cinco exediles populares por un contrato de alquiler de las oficinas de la calle San Antonio, que costó 6 millones de euros.
En el documento interno del órgano fiscalizador se advierte de una posible irregularidad contable ya que el precio del alquiler acordado en febrero de 2007 entre Alonso y el propietario, Gonzalo Antón, supondrá al Ayuntamiento entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local un año antes (2,7 millones).
El alquiler se suscribió con una cláusula de blindaje y con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de 9 puntos por encima del IPC. Además, el consistorio fue quien sufragó las obras de acondicionamiento (1,2 millones).
El Tribunal de Cuentas del Estado ha citado a Alonso y a todos los que eran concejales en su gobierno municipal de entonces para que presenten alegaciones al caso que se investiga.
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