La ONU insta a España a extraditar a los acusados del Franquismo

España está "obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas", ha asegurado hoy un grupo de expertos de la ONU en Ginebra.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha explicado en un comunicado que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.

Concretamente la jueza argentina María Servini de Cubria había pedido la extradición para ser juzgados de varios acusados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo. Entre ellos figura el que fuera ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, Rodolfo Martin Villa; Alfonso Osorio García, vicepresidente del Gobierno (1976-77), y el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana, a quienes se les considera "responsables" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz en los que cinco trabajadores murieron durante una carga policial para disolver una asamblea de obreros.

Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.

Los argumentos de España, "carecen de base"

La ONU reconoce "las competencias" de España para "denegar esa solicitud", pero en todo caso, "tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad".

Así, los expertos independientes han recalcado que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español "carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos".

"En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal? para no extraditar para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos" porque "los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no 'vence' la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables", han considerado. Los expertos añaden que ocurre lo mismo con el delito de desaparición forzada.