La AN investiga a la cúpula de ETA por crímenes contra la humanidad

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha abierto una investigación contra la cúpula de ETA por delito de lesa humanidad en concurso real con delitos de asesinato cometidos desde octubre de 2004, cuando entró en vigor la figura delictiva de lesa humanidad, hasta la actualidad.

El juez adopta esta decisión, que puede suponer juzgar de nuevo a dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad, al admitir parcialmente las querellas de Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y otros que pedían perseguir a los dirigentes máximos de la banda por genocidio, delito que el magistrado ha rechazado para investigar estos hechos.

En el auto notificado hoy el juez pide a los Servicios de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil que identifiquen a los miembros de los órganos directivos de la banda desde el 1 de octubre de 2004 y que informen a la mayor brevedad posible sobre la existencia de causas abiertas en relación con asesinato o secuestro que pudieran haber sido cometidos por miembros de ETA, también desde la citada fecha.

El magistrado circunscribe la investigación a lesa humanidad y descarta la existencia de genocidio, al entender que ese delito exige que el elemento identificador del grupo que se trata de exterminar "sea precisamente la nacionalidad, la etnia, la raza o la religión".

"Los diferentes colectivos de víctimas de ETA no pueden ser considerados grupo nacional o de parte de un grupo nacional, pues en el País Vasco, víctimas y victimarios comparten la misma identidad nacional y tan españoles son unos como otros", observa el magistrado

Entiende que se trata más bien de una persecución "de orden político e ideológico" y sus víctimas son aquellas que suponen un obstáculo para la consecución de esos fines, por lo que hay desde militares a miembros de las fuerzas de seguridad a cargos político y "también hay personas, aunque en menor medida, próximas al nacionalismo vasco"

De este modo, el juez Juan Pablo González, que ha sustituido a Javier Gómez Bermúdez al frente del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, considera que los crímenes de ETA no son genocidio, pero sí se pueden enmarcar en un delito de lesa humanidad, del artículo 607 bis del Código Penal, que contempla la comisión de delitos de asesinato, traslado forzoso o deportación, entre otros.

12 asesinatos

Doce asesinatos, algunos de ellos cometidos en Francia, son los que podrían ser juzgados como crímenes contra la humanidad, los perpetrados desde el 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España esa figura delictiva, hasta la actualidad.

Durante ese tiempo ETA ha acabado con la vida de doce personas. Dos guardias civiles, Carlos Saenz de Tejada y Diego Salvá, fueron las últimas víctimas mortales de la banda en España, en un atentado cometido el 30 de julio de 2009 en la localidad de Palmanova, en el municipio mallorquín de Calviá.

Sin embargo, la última acción mortal de ETA se produjo el 16 de marzo del año siguiente en la localidad francesa de Dammarie-lès-Lys, cerca de París, cuando murió en un tiroteo Jean-Serge Nèrin, el único policía francés víctima de ETA en toda su historia.

Desde octubre de 2004 a diciembre de 2006 ETA no causó ninguna víctima mortal, aunque perpetró numerosos atentados sin fallecidos.

Fue el 30 de diciembre de ese último año cuando hizo estallar un coche bomba cargado con más de 200 kilos de explosivos en un aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas, que causó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos, heridas a otras diecinueve personas y enormes daños materiales.

El 1 de diciembre de 2007 asesinaron a la salida de un centro comercial de Capbreton, en el departamento francés de las Landas, al agente de la guardia civil Raúl Centeno y dejaron en estado crítico a su compañero Fernando Trapero, quien murió el 5 de diciembre en un hospital de Baiona.

El 7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales, el exconcejal socialista en Arrasate-Mondragón Isaías Carrasco fue asesinado a tiros.

Apenas dos meses después, el 14 de mayo, el agente de la Guardia Civil Juan Manuel Piñuel Villalón fue asesinado por la explosión de un coche bomba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en Legutio (Araba).

El 22 de septiembre, también en 2008, murió el brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz por la explosión de un coche bomba en la localidad cántabra de Santoña.

Ya el 3 de diciembre de 2008 fue asesinado a tiros en Azpeitia (Guipuzkoa) al empresario Inaxio Uria.

Las últimas víctimas en España se produjeron en 2009. El 19 de junio de ese año la explosión de una bomba-lapa colocada en su automóvil acabó con la vida del policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga.

El 30 de julio, la explosión de una bomba lapa adosada a su automóvil causó la muerte a los guardias civiles Carlos Saenz de Tejada y Diego Salvá en la localidad de Palmanova, en el municipio de Calviá, próximo a Palma de Mallorca.