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Comedores escolares: el Parlamento pide llevar el caso a la Fiscalía

La Autoridad Vasca de la Competencia multó el mes pasado con 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores en centros de enseñanza públicos de Euskadi.
legebiltzarra parlamento vasco EFE
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El Parlamento vasco ha instado al Gobierno autonómico a trasladar a la Fiscalía el expediente de la Autoridad de la Competencia sobre la concertación de precios entre ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores escolares.

La resolución ha sido aprobada por el pleno de la Cámara vasca, que ha debatido este jueves acerca de este asunto a propuesta de EH Bildu, PP y UPyD. Finalmente, la coalición soberanista ha acordado una enmienda con el PNV y el PSE-EE, que ha recibido el apoyo de UPyD y el voto en contra de los 'populares'.

La Autoridad Vasca de la Competencia multó el mes pasado con 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores en centros de enseñanza públicos de Euskadi. Esta entidad considera probado que estas compañías acordaron fijar los precios del servicio para repartirse el mercado, vulnerando así las reglas de la competencia.

A través de esta iniciativa, el Parlamento insta al Gobierno a que estudie si en este caso se ha producido un daño patrimonial y a que, en su caso, inicie "cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas".

Además, la Cámara pide al Ejecutivo que "intensifique" los trabajos con los agentes del sector para adecuar el modelo de gestión de los comedores escolares, de forma que cada centro público puede elegir la forma de gestionar este servicio.

El debate entre los grupos ha estado marcado por los duros reproches entre el PP y el PNV. El parlamentario del Partido Popular Iñaki Oyarzábal, cuyo grupo no ha respaldado la enmienda aprobada por considerarla insuficiente, ha asegurado que este es un caso de "corrupción" y que las irregularidades tienen su "origen" en el propio sistema de contratación diseñado por el Gobierno vasco.

El parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña ha reprochado a Oyarzábal que trate de responsabilizar de este asunto al actual Gobierno, cuando el acuerdo entre las empresas sancionadas por la Autoridad de la Competencia se inició en 2003.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iñaki Lazarobaster ha defendido la necesidad de mejorar el sistema que regula el servicio de comedores escolares. Por ese motivo, ha destacado la importancia de que cada centro "pueda negociar directamente" con las empresas que prestan este servicio.

El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha afirmado que este caso ha dejado en evidencia que en el ámbito de la contratación pública existen "mercados cautivos" y que hay que hacer frente a esta situación.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha denunciado que la concertación de precios entre las empresas ha supuesto "más de 200 millones de euros de sobrecoste" y ha criticado que los sucesivos gobiernos "han preferido mirar hacia otro lado" durante años.

" durante años.

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