Arraiz será juzgado el 9M tras rechazar DyJ un acuerdo con la defensa

Dignidad y Justicia (DyJ) rechaza el acuerdo que promueven Iñigo Iruin, abogado de Hasier Arraiz, y el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, para que el presidente de Sortu -acusado de supuesta pertenencia a ETA-- pueda eludir la prisión, siempre que reconozca los hechos, renuncie a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y señale que quiere que ese compromiso contribuya a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento causado.

De esta forma, Arraiz se ve abocado a la celebración de la vista oral, en la que se enfrenta a entre seis años de prisión, acusado de reconstituir la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna "a las órdenes de ETA". El juicio se celebrará finalmente el 9 de mayo.

Calparsoro confirmó ayer lunes a Eusko Irratia que las partes negocian un pacto por el cuál el acusado aceptaría los hechos que se le imputan, de supuesta pertenencia a ETA al intentar reconstruir la mesa nacional de Batasuna, y eludir entrar en prisión. La pena supondría su inhabilitación, por lo que no podría concurrir en las próximas elecciones autonómicas.

De acuerdo al acuerdo que hay sobre la mesa, Arraiz aceptaría una condena de dos años de cárcel y admitir que fue "instrumentalizado" por ETA. El pacto supondría, además,el reconocimiento de los hechos que se les imputan, renunciar a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y señalar que quiere que ese compromiso contribuya a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento causado.

Sería un acuerdo igual que el que alcanzaron el pasado mes de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los 35 dirigentes de la izquierda abertzale que fueron detenidos también en la macrooperación de Segura en octubre de 2007. Entonces, también se sumaron al pacto las acusaciones populares, ejercidas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Sin embargo, en esta ocasión, Dignidad y Justicia, que también ejerce de acusación popular, ha afirmado que no llegará a una acuerdo para que Arraiz pueda eludir la entrada en prisión y mantendrá su petición de diez años de cárcel e inhabilitación, lo que impedirá que el pacto se le pueda aplicar al encausado.

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha asegurado que la Junta Directiva de la asociación ha mantenido una reunión este martes por la mañana y ha decidido rechazar el acuerdo en base a varios argumentos, del que el "más importante" es que no quieren "traicionar a las víctimas del terrorismo y, menos, a los que no pueden hablar, que son los asesinados". A su juicio, DyJ "no puede perder su objetivo fundamental, que es hacer Justicia a las víctimas y velar por su dignidad".