El PP retoma la propuesta de endurecimiento del acceso a la RGI

El PP ha retomado la propuesta de reforma legal dirigida a endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para que no puedan recibir esta prestación ni los inmigrantes en situación irregular ni los ciudadanos que no acrediten cinco años de padrón en Euskadi.

Estas propuestas estaban ya recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular que la plataforma "Ayudas + Justas" llevó al Parlamento Vasco avalada por 37.000 firmas y que fue rechazada el pasado mes de octubre al contar con el único apoyo del PP.

Los populares han presentado ahora una proposición de ley dirigida a modificar la norma de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en la que se recogen alguno de los planteamientos incluidos en la ILP rechazada.

Así, en el texto se pide que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes en situación irregular, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales.

Se pide también como requisito el empadronamiento en Euskadi al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud.

El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, y su compañera de grupo Laura Garrido han presentado hoy en una comparecencia de prensa los contenidos de su iniciativa, tras mantener un encuentro con representantes de "Ayudas + Justas".

En la exposición de motivos de la propuesta, el PP indica que es preciso que la norma que regula la RGI sea "más justa y eficiente" y que es necesario que esta prestación sea mejorada para que tenga un mayor respaldo social en Euskadi.

Sémper ha subrayado que debe llevarse a cabo una reforma legal para evitar el fraude, corregir los "errores" de gestión por parte de Lanbide, e incluir en el sistema a personas que necesitan esta ayuda, pero que se quedan ahora fuera del mismo por contar con un pequeño patrimonio inmueble.

Por su parte, Garrido ha asegurado que con esta proposición su partido "coge el testigo de miles de vascos que recibieron un portazo al traer sus firmas", en un momento en el que "el debate está en la calle y el propio Gobierno Vasco ha constatado el fracaso de Lanbide".