Mas, Rigau y Ortega se sentarán en el banquillo por el 9N

El magistrado que investiga la causa del 9N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.

El juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado trasladarlo a las partes para que soliciten la apertura del juicio y presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseimiento de la causa, ha informado este martes en TSJC en un comunicado.

El magistrado ha desestimado la petición de sobreseimiento que habían solicitado las defensas de los investigados por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

El juez rechaza en su resolución la justificación que dieron los investigados de que todo el proceso quedó en manos del voluntariado de la consulta tras el 4 de noviembre -cuando el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el proceso-, sin intervenir la Generalitat.

El juez concluye que también fue relevante el servicio de contratistas privados pagados por la Generalitat y con conocimiento de los tres investigados, "con plena conciencia de la desobediencia" a la suspensión judicial del proceso de la consulta, como constatan correos electrónicos entre la Generalitat y los contratistas en que se pedía literalmente confidencialidad y tacto.

Además, los voluntarios tenían funciones como recibir y custodiar el material del proceso, pero no de recogerlo, trasladarlo, instalarlo, desmontarlo ni devolverlo, entre otras funciones; la web oficial del 9N -encargada por la Generalitat- siguió abierta tras el 4 de noviembre; el CTTI de la Generalitat encargó los programas informáticos para el proceso de datos de las votaciones, y pidió a la empresa contratada que reforzara los equipos de guardia el fin de semana del 9N.

También consta que la Conselleria de Enseñanza adquirió 7.000 ordenadores portátiles en octubre de 2014 para las votaciones; que Gobernación encargó al Centre d'Iniciatives a la Reinserció (Cire) hacer urnas, sobres, papeletas y otros materiales, y que la empresa contratada para recogerlo y distribuirlo lo hizo tras el 4 de noviembre; y Presidencia contrató el acondicionamiento de un pabellón para el Centro de Prensa Internacional, donde la vicepresidenta difundió datos el día de la votación.

Alega además que los voluntarios tenían un seguro de accidente contratado por Gobernación; que hubo una campaña institucional para la participación en la consulta; que centros educativos de la Generalitat acogieron urnas; que Enseñanza hizo reuniones sin levantar acta aunque evitó impartir instrucciones escritas a directores de institutos que iban a acoger urnas, si bien hubo "instrucciones verbales" según las testificales.

Habrá recurso

La portavoz de CDC, Marta Pascal, ha anunciado este martes que el expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau recurrirán la resolución del TSJC: "Es una persecución política en toda regla".

En rueda de prensa, también ha anunciado que el partido se querellará en el Tribunal Supremo contra el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por las conversaciones que se filtraron con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Daniel de Alfonso.

La querella será por presuntas injurias y calumnias, revelación de secretos y atentado contra la autoridad en Cataluña, y CDC no descarta extender esta acción judicial a otras personas, como el director de la Oac, Daniel de Alfonso, u otras que aparecen en las conversaciones.

Mas denuncia la "intencionalidad política"

La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha dicho hoy sentir "vergüenza" por el "juicio político" contra el expresidente de la Generalitat.

Tras la reunión de hoy del Govern, Mas ha denunciado la "intencionalidad política" de este proceso judicial, por el que, ha dicho, "todos los demócratas deberían ruborizarse".

Para la portavoz del Govern, se trata de "un juicio político desde el primer minuto", acompañado de "movimientos tácticos" para intentar liquidar el proceso soberanista.

Gobierno Vasco: "Es un error"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado hoy que es "un error judicializar las decisiones políticas", tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado los recursos de la defensa del expresidente catalán, Artur Mas, por la causa del 9N.

No obstante, ha reiterado que "es un error judicializar decisiones y estrategias políticas" y ha insistido en que "quien comete estos errores lo hace de manera irresponsable porque sabe que no conduce a soluciones".