El Tribunal Constitucional decide hoy su respuesta a Cataluña

El Pleno del Constitucional se reunirá hoy para decidir qué medidas adopta ante la última decisión del Parlamento catalán y para estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal.

El diputado de la CUP, Benet Salellas, ha asegurado que no "acatarán" una eventual inhabilitación del Tribunal Constitucional (TC).

El presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, ha convocado un pleno extraordinario a las 12:30 horas para analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.

Una iniciativa en la que el Gobierno pide al tribunal de garantías que declare nula y sin efecto jurídico alguna la resolución aprobada por el Parlament el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia.

Desacato

De hecho, el Ejecutivo interpreta ese texto aprobado como un desacato al TC, pero también como un "verdadero plan para conseguir la secesión de España".

Pero el Gobierno no sólo pide la nulidad de la resolución, dado que el Constitucional ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre de 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de "desconexión" de Cataluña con el resto de España.

Ante la desobediencia a esa sentencia y al auto del Constitucional del 19 de julio en el que expresamente se pedía a la Mesa del Parlament que impidiera cualquier avance en ese camino, ahora, el Ejecutivo quiere que el tribunal aplique medidas coercitivas.

Vía penal contra Forcadell

La más contundente, la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo.

La petición del Gobierno es que el Constitucional "proceda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal" que pudiera corresponder a Forcadell.

Pero también plantea otras medidas, como los requerimientos personales a la presidenta del Parlament y al resto de miembros de la Mesa, además de al secretario general de la cámara, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a esa resolución.

O los requerimientos personales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno catalán para prohibirles tramitar cualquier propuesta o iniciativa dirigida a desarrollar esa resolución.

En ambos casos, pide que se les advierta de la responsabilidad penal que conllevaría ignorar los mandatos del Constitucional.

Se trata de medidas que el Constitucional puede tomar en aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula su funcionamiento gracias a la reforma aprobada el pasado año por iniciativa del PP.

El Gobierno quiere que, dada la "extremada relevancia constitucional del caso", el Tribunal "se pronuncie lo antes posible" sobre el incidente.