'Naparra' podría estar enterrado en Mont-de-Marsan

La familia de José Miguel Etxeberria Naparra, desaparecido el 11 de junio de 1980 y cuyo secuestro y muerte reivindicó el Batallón Vasco Español, ha pedido a la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional (AN) la apertura de la causa de su desaparición al contar con nuevas informaciones de una fuente "confidencial" relacionada con las operaciones de "terrorismo de Estado" o con quienes las ejecutaron, según las cuales fue "asesinado" y enterrado en las inmediaciones de la localidad francesa de Mont de Marsan, donde estarían sus restos.

En rueda de prensa ofrecida por la Fundación Euskal Memoria en Donostia-San Sebastián, el hermano de José Miguel Etxebarria, Eneko Etxeberria, el abogado de la familia, Iñigo Iruin, y el médico forense Paco Etxeberria han explicado los detalles que han llevado a pedir la reapertura del caso de Naparra, considerado miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. El caso fue archivado en la Audiencia Nacional en 2004, 36 años después de la desaparición de Etxeberria en Ziburu el 11 de junio de 1980.

Pako Etxeberria, Eneko Etxeberria (hermano de Naparra) e Iñigo Iruin, hoy

Iruin ha recordado que entre el 21 de junio y el 2 de agosto de ese año el Batallón Vasco Español realizó cinco reivindicaciones en las que se atribuía el secuestro y asesinato de Naparra y se refería a diferentes lugares donde habría sido enterrado. En 1982 el juzgado de instrucción de Baiona archivó diligencias y, "ante el riesgo de que los hechos prescribieran", la familia presentó una querella en el Juzgado de Instrucción número 2 de la AN, que en 2004 archivó el caso.

El abogado ha señalado que el hecho de que se presentara esa querella supuso una "interrupción de la prescripción" de la causa en España, no así en Francia donde el caso está prescrito desde 1992, lo que "permite seguir investigando".

En conocimiento de la ONU

Además, ha indicado que este caso también se puso en conocimiento del alto comisionado de la ONU sobre desapariciones forzadas y este pasado viernes se ha presentado en la fiscalía y el juzgado de instrucción número dos de la AN sendos escritos pidiendo la reapertura de la causa, al contar con "nuevos datos y referencias concretas" de dónde pueden estar enterrados los restos de Etxeberria.

En este sentido, ha explicado que estas informaciones han sido facilitadas por el periodista Iñaki Errazkin que las ha obtenido a través de una fuente "confidencial, española y residente en Latinoamérica", que tuvo "relación con las operaciones de Estado o al menos con las personas que las ejecutaron".

Iruin ha indicado que Errazkin facilitó las primeras informaciones en diciembre del pasado año al comprometerse su fuente a aportar información que corrobore sus informaciones sobre el lugar donde se habría enterrado a Naparra, lo cual "no se produjo en los plazos anunciados". El pasado junio, el periodista comunicó a Iruin que disponía de "datos más concretos y documentación que daba soporte a esos datos". Es entonces cuando la familia contactó con Euskal Memoria y Paco Etxeberria con el objetivo de localizar ese lugar, algo que se ha podido hacer "sin mayores dificultades".

Al respecto, ha explicado que la ubicación se encuentra al norte de la localidad francesa de Mont-de-Marsan, "a poco más de una hora" de Ziburu, donde se produjo la desaparición, "en una zona de arboleda de robles". Toda esta información se ha aportado en un informe elaborado por Paco Etxeberria a la AN, con cuyo juez Ismael Moreno ya se ha reunido a la espera que adopte una decisión al respecto. El letrado ha indicado que también se reunió con el fiscal de Baiona pero, dado que los hechos habían prescrito en Francia, él mismo le aconsejó acudir a la Justicia española.

'Esperanza razonable'

Iruin ha señalado que la familia tiene una "esperanza razonable" de encontrarlos, dada la "verosimilitud de los datos" de los que disponen sobre el caso, aunque hay que tener "prudencia y cautela". También ha reconocido que será "difícil encontrar a los autores del secuestro y asesinato" de Etxeberria.

No obstante, ha destacado que se ratifica que se trata de un acto de "terrorismo de Estado", que conforme a la Convención internacional contra las desapariciones forzadas de 2006 puede ser calificado como "una desaparición forzada" a cargo de "grupos de Estado" o personas amparadas por éste, lo que debería suponer "el reconocimiento de la familia como víctima del terrorismo", algo que, según ha recordado, el Gobierno central "ha negado ya dos veces".

En cuanto al procedimiento, el abogado ha indicado que hablar de plazos en la Justicia sería "especular" pero ha esperado que las diligencias solicitadas estén practicadas para la segunda quincena de noviembre.