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El fiscal mantiene la pena de prisión para Rato y Blesa

No aplica la atenuante a los dos expresidentes porque la devolución es "tan escasa" en proporción a la responsabilidad que no repara el daño.
Miguel Blesa, a la salida de la Audiencia Nacional. Foto: EFE
Miguel Blesa, a la salida de la Audiencia Nacional. Foto: EFE

Alejandro Luzón, el fiscal Anticorrupción, mantiene la petición de seis y cuatro años y medio de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, por el uso presuntamente realizado con sus tarjetas 'black', si bien modifica la solicitada a 18 de los 65 exaltos directivos de la entidad y Bankia que hicieron uso de los plásticos y que devolvieron lo gastado con sus visas.

Luzón ha dicho que no aprecia disminución de delito en el caso de Blesa y Rato, para los que además pide multa de 108.000 euros y 99.054 euros, respectivamente.

El fiscal ha añadido que no todos han tenido el mismo comportamiento y ha señalado que algunos de ellos hicieron una devolución efectiva "inmediata" del importe gastado. Además ha matizado que en el caso de Blesa y Rato la reparación fue "tan escasa" en proporción a la responsabilidad que se le atribuye que no puede apreciar la atenuante del daño reparado.

Acusaciones y defensas

Por su parte, tanto las defensas de Blesa y Rato como las del resto de acusados han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que han solicitado la absolución de sus clientes por entender la inexistencia de delito.

En algunos casos, como el de Rato y el del expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, los abogados han pedido que el relato de hechos concrete de una manera más directa la actuación atribuida a sus clientes.

Asimismo, Bankia y BFA, que ejercen la acusación particular, excluyen de su informe de conclusiones a Miguel Ángel Araujo Serrano, fallecido en la fase de instrucción de la causa.

Por otro lado, las acusaciones populares han elevado a definitivas la petición de penas para los 65 exaltos cargos y directivos.

El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo dirime si los encausados concurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por los 12,5 millones de euros que gastaron con sus plásticos entre 2003 y 2012 -los anteriores habrían prescrito- en joyas, viajes, artículos de lujo y objetos personales.

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