Artur Mas: 'No se nos juzga por desobedecer, sino por el éxito del 9N'

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmado hoy ante el tribunal que, a diferencia de lo que sostiene la Fiscalía, no se les ha juzgado por haber desobedecido al Tribunal Constitucional sino por el "éxito" de la consulta soberanista del 9N, que el Gobierno español entendió como un "desafío".

Mas ha hecho este alegato aprovechando el último turno de palabra antes de que quede visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el juicio en contra el expresidente catalán y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener la consulta del 9N pese a que había suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

El expresidente catalán, que afronta diez años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, ha lamentado que la Fiscalía pretenda "convertir en un delito" una votación que debería hacer sentir "orgullosos" a los catalanes: "Qué pena, señor presidente, qué error, qué inmenso error", ha añadido dirigiéndose al tribunal.

El expresidente catalán ha mostrado su "más profunda discrepancia" con el relato expuesto por la Fiscalía y ha asegurado: "Estamos aquí no por haber desobedecido al Tribunal Constitucional. Estamos aquí por el éxito el 9N de 2014 y porque este éxito no gustó a determinadas instancias del Estado y del Gobierno".

"Y como no gustó se consideró un desafío y pretenden que ahora se pague", ha denunciado Artur Mas, tras recalcar que el Gobierno "desobedece sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional" y a menudo también las directivas europeas, sin que haya juicios "y menos por la vía penal".

El acusado ha recalcado que, con el 9N, el ánimo del Govern "no era desobedecer, sino plantar cara al Gobierno" que, a su parecer, estaba "impidiendo" un proceso de participación para "conocer la opinión de la gente" y que cree que "usó" al TC "para hacer un trabajo que no hizo desde el punto de vista político".

"Yo no soy culpable de ningún delito, no tengo ni la más mínima duda", ha proclamado Mas, que ha asegurado no entender cómo "fortalecer la democracia puede ser considerado un delito".

El fiscal concluye que hubo desobediencia clara

El fiscal considera que el juicio del 9N ha dejado claro que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron de forma "patente, clara y caprichosa" la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC).

En la lectura de su informe en la última sesión del juicio, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha sostenido que, no sólo siguieron con los preparativos, sino que "los intensificaron de forma determinante" tras el veto que el TC dictó el 4 de noviembre de 2014 como medida cautelar.

"Se decidió continuar de un modo encubierto, generando la apariencia de que quedaba en manos de voluntarios", ha defendido el fiscal en una intervención de más de dos horas.

El fiscal ha asegurado que "no se está juzgando la voluntad popular" en la causa contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por el proceso participativo en Cataluña.

"Por mucho que se repita una y otra vez, no es la verdad", ha asegurado el fiscal Emilio Sánchez Ulled este viernes en la lectura de su informe, en la última sesión del juicio que acoge el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sánchez Ulled ha insistido en que el objeto del juicio es averiguar si el Govern desobedeció y continuó con su actividad administrativa para el 9N pese a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta.

Ha explicado que el día 9 de noviembre de 2014 él mismo era el fiscal de guardia y que se presentaron varias denuncias en juzgados catalanes por parte de personas individuales, partidos y organizaciones, y que si decidieron no actuar fue porque en ese momento no tenían suficientes elementos para decidir "porque la apariencia era de ciudadanos voluntarios que hacían la consulta".

"Las medidas cautelares necesitan de proporcionalidad, no se podía adoptar esa decisión en ese momento", ya que había falta investigar con pausa, calma, rigor y profesionalidad, algo que en una guardia de 24 horas era imposible.

No obstante, ha resaltado "debajo de esa actuación de voluntarios había una actuación continuada de los poderes públicos que es lo que el TC suspendió y que constituyó el no acatamiento de la orden del TC".

"Hubo un clima de opacidad que me sorprende porque es absolutamente contrario a lo que en democracia es el principio básico de los poderes públicos que es la transparencia", ha argumentado.

El fiscal ha considerado "con dolor y con tristeza" que lo que ha pasado con el 9N ha sido expresión de una ruptura de las reglas de juego democrático y una ruptura de la convivencia, en sus palabras.

La defensa de Mas alega que el TC no obligaba a impedir la consulta

El abogado de Artur Mas ha alegado hoy que el expresidente catalán no se escondió tras una "multitud de voluntarios", ni ordenó retirar los medios públicos puestos a su disposición, por la inconcreción del Tribunal Constitucional, que cree que no obligaba a impedir la votación.

Para la defensa del expresidente catalán, la providencia del Constitucional "no imponía un deber positivo de impedir" el 9N.

Según Melero, en todo el procedimiento, Mas "no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios, no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición".

El letrado ha insistido que Mas no desobedeció y, para sustentar su alegato exculpatorio, ha recurrido al dictamen de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, inicialmente reacio a acusar a presentar una querella contra Mas por desobediencia -que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado- por la ausencia de una advertencia expresa en la providencia del TC.

"Si Mas se equivocó, lo hizo de la mano de mucha gente, de las más altas instancias de este país", ha apuntado el letrado, que, parafraseando el principio judicial de "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del reo), ha pedido la absolución de Mas por "in dubio pro libertate" (en caso de duda, a favor de la libertad).

El abogado de Ortega dice que la consulta fue ejecutada por voluntarios

El abogado de la exconsellera Joana Ortega, Rafael Entrena, ha mantenido en su informe al final del juicio del 9N que el Govern diseñó la consulta sobre la independencia pero "la ejecutaron los voluntarios de manera ejemplar".

El letrado ha defendido que, tras el pronunciamiento del TC, el Govern "cambió el planteamiento" y, en lugar de la consulta prevista, se llevó a cabo lo que se denominó 'proceso participativo', con el que, en su opinión, no desobedecieron el veto.

Entrena ha lamentado que en este juicio se siente en el banquillo al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Ortega e Irene Rigau "por una actuación estrictamente política".

"Simplemente querían que la ciudadanía de Catalunya se pudiera manifestar políticamente", según el abogado de quien el 9N era vicepresidenta del Govern y consellera de Gobernación.

Ha considerado que este juicio es "singular y sin precedentes", y no entiende que los acusados se hayan tenido que sentar en el banquillo por esta actuación.

La defensa de Rigau acusa al Gobierno español

Jordi Pina, abogado de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, ha acusado hoy al Gobierno español de estar detrás de las "elevadas" penas de inhabilitación que la Fiscalía pide para los acusados por la consulta soberanista del 9N porque, a su parecer, busca "la muerte política" de los tres dirigentes.

En su informe, Pina ha lamentado que la Fiscalía, que pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, haya imputado "con calzador" a los acusados un delito de prevaricación, además del de desobediencia, con el propósito de disparar sus eventuales condenas.

El letrado ha reconocido la "loable y certera" actuación del fiscal, cuando en el 9N se opuso a la retirada de las urnas para evitar males mayores, y se ha preguntado por qué el ministerio público no reconoce el mismo derecho de Rigau a tener en cuenta esa proporcionalidad.

"¿Si usted ponderó el conflicto de bien y mal, no cree que Rigau también se lo pudo representar?", se ha preguntado Pina.