Ignacio González declara ante el juez de la Audiencia Nacional
Los doce detenidos en la operación contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, terminarán este viernes de pasar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Dependiendo de la declaración de González ante el juez, la Fiscalía pedirá prisión condicional o prisión eludible bajo fianza.
El juez ya está tomando declaración al expresidente madrileño Ignacio González después de haber interrogado a su hermano Pablo, que se ha acogido a su derecho a no declarar.
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha llegado poco antes de las 13:00 horas a la Audiencia Nacional. González ha sido trasladado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova en un coche de la Guardia Civil tras pasar dos noches en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).
Casi tres horas antes habían llegado, en autobús, su hermano Pablo González; el expresidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) Edmundo Rodríguez Sobrino, y su secretaria, Clarisa Guerra, que es la primera que ha entrado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. El ultimo detenido, Javier Lopez Madrid, también pasará hoy ante el juez.
Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado tomó declaración ayer a cuatro detenidos vinculados al Canal de Isabel II y decretó anoche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente, Adrián Martín, quienes fueron los primeros en pasar a disposición judicial.
Citados a declarar
En el marco de esta operación, el juez Eloy Velasco también ha tomado declaración como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de este mismo periódico, Mauricio Casals, quienes han negado la acusación de coaccionar a Cifuentes.
Además, el juez también citó a declarar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al vicepresidente, Ángel Garrido, como testigos en la causa.
Por otro lado, el PP ha decidido suspender provisionalmente de militancia al expresidente de la Comunidad de Madrid tras su detención.
PSOE y Podemos anuncian que se personarán como acusación popular
El PSOE se ha personado esta mañana como acusación popular en la causa que investiga la corrupción en el Canal de Isabel. Además, ha reclamado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que abra un expediente disciplinario al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, para apartarle del cargo.
Por otra parte, Podemos ha anunciado este viernes que se personará "de forma inmediata" como acusación popular en el sumario judicial de la Operación Lezo.
'Operación Lezo'
La llamada 'Operación Lezo' la están llevando a cabo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Por ahora son 12 los detenidos por ocho diferentes delitos de corrupción, que son los de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios, han informado fuentes jurídicas.
Además, se han practicado varios registros en la capital española, entre ellos en la sede del Canal de Isabel II, organismo que presidió González entre 2003 y 2012, años entre los que fue vicepresidente del Ejecutivo madrileño.
Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes que fue denunciada el mes pasado ante la Fiscalía por PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Los tres partidos presentaron un informe que recogía presuntas irregularidades en la compra por parte de Canal Isabel II de esta empresa con un "quebranto" que Podemos cifra en 35 millones.
Según el informe, la empresa Emissao se compró por 21,4 millones de euros y un mes después su patrimonio neto era de 10,629 millones según las cuentas del Canal; un año después, el valor era de 5,380 millones.
Estas presuntas irregularidades no se limitarían a la compra de Emissao, constata la denuncia que hace uso del trabajo de la comisión de estudio del
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