La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes, pero el juez lo rechaza
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en los que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudieron decidir "de antemano".
Sin embargo, el juez del 'caso Púnica', Eloy Velasco, no tiene intención de proceder contra Cifuentes porque no ha hallado pruebas de su participación en la financiación ilegal del PP de Madrid, según informa la agencia EFE citando fuentes jurídicas.
En un informe de la UCO del pasado 1 de marzo que analiza exclusivamente estas adjudicaciones, al que ha tenido acceso Efe, se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según el informe, los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".
Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que está sujeta a aforamiento actualmente.
El hecho de que Cifuentes fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación es, dice el informe, una "circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación".
"La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria", añade.
Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular al PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.
Cifuentes estudia medidas legales contra la Guardia Civil
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no va a permitir que nadie ponga en cuestión su honorabilidad y que el informe de la Unidad Central Operativa que le atribuye indicios de cohecho y malversación carece de "valor jurídico alguno".
En una declaración sin preguntas en la sede del Gobierno madrileño, Cifuentes ha avanzado que estudiará medidas legales, porque no va a consentir que nadie ponga en duda su honradez.
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