El fiscal pide penas de hasta 62 años de cárcel para los jóvenes de Alsasua

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre 62 años y 6 meses y 12 años y 6 meses de cárcel para ocho jóvenes como autores de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua, a los que pide que indemnicen con 41.100 euros.

En el escrito de acusación por esta causa, el fiscal José Perals pide que a siete de los ocho procesados (a una novena se le levantó el procesamiento) se les condene por cuatro delitos de lesiones terroristas y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años.

Se trata de Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramirez, Aratz Urrizola e Iñaki Abad. Tres de los encausados (Oihan, Adur y Jokin) permanecen en prisión preventiva desde el pasado noviembre.

Al primero de ellos le atribuye además un delito de amenazas terroristas y pide para él 12 años y medio más de cárcel, hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

Para una octava procesada, Ainara Urkijo, pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.

En su escrito de acusación, el representante del ministerio público plantea unas penas alternativas a estas, de entre 18 y 30 años y medio de prisión, para los siete primeros acusados.

En concreto, pide subsidiariamente un total de 30 años de cárcel para Oihan Arnanz por desórdenes públicos terroristas (8 años), atentado a agentes de la autoridad (2 años), cuatro delitos de lesiones no terroristas (8 años) y amenazas terroristas (12 años y medio).

Para los otros seis reclama, de forma alternativa, 18 años y medio de cárcel apreciando los mismos delitos excepto el último de amenazas terroristas.

Perals también pide para los ocho acusados 20 años de inhabilitación absoluta y 5 años de libertad vigilada.

El fiscal relata en su escrito de acusación que los hechos ocurren en el marco de una campaña contra los agentes de Guardia Civil y Policía desplegados en Euskal Herria que se conoce con el nombre de 'Alde Hemendik' ('Fuera de aquí') y que en la actualidad busca crear un clima de "miedo y rechazo" entre los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre de madrugada en un bar de Alsasua y en ella resultaron heridos dos guardias civiles y sus parejas.

La defensa no tiene notificación alguna

La defensa de los jóvenes no ha recibido notificación alguna y han tenido conocimiento de la petición de la Fiscalía a través de los medios de comunicación.

En una entrevista en ETB, la abogada Amaia Izko ha señalado que "esto es una muestra de cómo se está llevando este caso, que tiene mucho de mediático y político y poco de jurídico".

En ese sentido, ha denunciado que la Fiscalía informa antes a los medios de comunicación que a las partes implicadas y lo que esa forma de actuar supone para las familias y procesados.

En cuanto a las penas solicitadas, Izko ha subrayado que "en este caso se va mucho más allá que los delitos más graves recogidos en el Código Penal, ya que esta petición es más grave que tener la casa llena de armas y explosivos, incluso que matar a alguien o robar dinero público".

La familia pide un juicio justo y con garantías

Los familiares de los detenidos acudieron el pasado jueves al Parlamento Europeo en Bruselas para "difundir información sobre este caso y solicitar el amparo de eurodiputados de diferentes países y grupos".

Tras esa visita, un total de 51 europarlamentarios suscribieron una declaración en la que solicitaban que "imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad" y pedían "la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo de estos hechos". Asimismo, en el texto, solicitaban "la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, para que sean allí juzgados".

Este caso se empezó investigando en un juzgado de instrucción de Pamplona, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por ver indicios de terrorismo en la agresión.

Los detenidos recurrieron esta decisión y la Audiencia de Navarra rechazó que fuera terrorismo, tras lo que planteó una cuestión de competencia que el Tribunal Supremo resolvió el pasado 1 de junio en el sentido de que sí hay indicios de terrorismo, por lo que el caso se quedó en la Audiencia Nacional.

EH Bildu: "Un despropósito absoluto"

EH Bildu ha mostrado su "más absoluto" rechazo a la petición de la Fiscalía de un total de 375 años de cárcel para los ocho jóvenes de Alsasua.

La coalición abertzale ha considerado que se trata de "una desproporción sin ningún sentido, que no responde sino a un montaje policial, judicial y mediático con base en determinados intereses políticos".

En un comunicado, EH Bildu ha reiterado su apuesta por "la normalización y la convivencia" y ha criticado que "el tratamiento que se le está dando a este caso va justamente en la dirección contraria".

En su opinión, "estamos ante una situación muy grave e inaceptable, en la que varios jóvenes de Alsasua se enfrentan a 50 años de petición fiscal con base en supuestos delitos de terrorismo por unos hechos que en ningún estado que se autodenomine de derecho pasarían de considerarse un altercado".

En este sentido, EH Bildu ha manifestado su "apoyo y solidaridad" a las personas afectadas por "esta desproporcionada petición fiscal" y ha reiterado "la exigencia de la inmediata puesta en libertad de los tres jóvenes de Alsasua encarcelados y el fin de la amenaza judicial para todas las personas encausadas".