La fiscal del caso Gürtel acredita la Caja B del PP
La fiscal del caso Gürtel, Concepción Sabadell, da por acreditada "la Caja B del PP de los Papeles de Bárcelas", que la trama benefició al partido y que "Luis el Cabrón", que figura en documentos como perceptor de comisiones ilegales, es el extesorero del PP.
Luis Bárcenas utilizó fondos de la Caja B del PP e intermedió con administraciones públicas para cobrar comisiones ilegales, porque siendo gerente del PP, además de senador entre 2004 y 2010, "podía influir en las adjudicaciones".
Sabadell ha asegurado que el extesorero del PP ingresó más de diez millones de euros, entre 2000 y 2008, en cuentas bancarias de Suiza, usando "sociedades pantalla" para que no figurara como titular y para blanquear el dinero obtenido ilícitamente. Asimismo, la representante Ministerio Público avisa de que las operaciones de compraventa de obras de arte alegadas por Bárcenas para justificar los fondos ingresados en Suiza "son falsas". El extesorero pretendió parecer en el juicio "un gran marchante y coleccionista" de arte.
La fiscal anticorrupción pide 39 años de prisión para Bárcenas y 125 para Francisco Correa, que reconoció a varios perceptores de dinero ilegal en la documentación intervenida, aunque no identificó a "Luis el Cabrón" como Luis Bárcenas para no incriminar a ninguno de sus subordinados en la trama, como Álvaro Pérez "El Bigotes". Otros indicios confirman la identidad de Bárcenas.
Por otra parte, la fiscal acredita que "el PP se benefició" de la trama liderada por Correa, como en Majadahonda, donde el entramado "parasitó" el Ayuntamiento para que se adjudicaran contratos a las empresas de Correa, incumpliendo los trámites legales.
Con fondos sustraídos al Ayuntamiento de Majadahonda, "se pagaron pegadas de carteles del Partido Popular, gastos de la campaña de Esperanza Aguirre y actos en la sede del PP que debía sufragar el partido".
"Ha quedado acreditado que el PP se benefició de 133.000 euros de fondos procedentes de comisiones ilegales por contratos adjudicados" a empresas del grupo de Correa y "sustraídos ilegalmente al Ayuntamiento de Majadahonda".
Esto fue en detrimento "del Estado y los españoles", y reclama al Partido Popular 328.440 euros como partícipe a título lucrativo. "Fue un beneficio para la formación política con unos actos identificados y otros servicios y gastos pagados al PP como los de unas obras en su sede", acredita.
La fiscal recuerda que si se opuso a la declaración como testigo de Mariano Rajoy, presidente del PP y del Gobierno, que finalmente compareció, fue porque estimaba que ya había suficientes pruebas de que el PP se benefició de la trama.
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