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Junqueras pide el traslado a una cárcel catalana para acudir a la investidura

Los abogados de Oriol Junqueras han remitido un escrito al Triubunal Supremo alegando que un preso sigue manteniendo sus derechos políticos tambien en prisión.
Oriol Junqueras. Foto de archivo: EFE
Oriol Junqueras. Foto de archivo: EFE

Los abogados del diputado electo en el Parlamento de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, han remitido al Tribunal Supremo (TS) un escrito en el que solicitan "la autorización para el traslado urgente" de centro penitenciario y permisos para acudir al Parlament.

Según el escrito de la defensa, Junqueras solicita "permisos de salida o excarcelación" para asistir a las sesiones de constitución y de investidura del Parlament de Cataluña en condición de diputado electo.

Encarcelado en el centro penitenciario madrileño de Estremera, Junqueras solicita el traslado al centro penitenciario catalán de Brians I (Barcelona) por la proximidad a su domicilio o bien el traslado a otro centro dependiente de la Generalitat próximo al Parlament.

Los letrados argumentan que un preso sigue manteniendo sus derechos políticos como son el de votar o el de ser elegido en un proceso electoral: "Un diputado electo ha de poder ejercer sus funciones políticas esenciales".

El escrito añade que Junqueras fue el candidato de ERC a las elecciones del 21 de diciembre y fue elegido por la ciudadanía —adjunta la credencial de diputado—. "En situación de prisión provisional, por tanto, un diputado electo ha de poder ejercer sus funciones políticas esenciales, y por más que su encarcelamiento haga incompatible la asistencia diaria a la Cámara, no puede implicar su inasistencia al plenario", dice la nota.

El escrito alega que su traslado y su presencia en los plenos se fundamenta también en "la necesidad de respetar la presunción de inocencia y aminorar las consecuencias que pudiera tener en el preso".

Sus letrados también citan las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las 'Reglas Nelson Mandela', que establecen que "los reclusos en espera de juicio gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuente con dicha presunción".

Su defensa también apela a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender que los internos "gozan de todos los derechos fundamentales de la convención excepto el derecho a la libertad".

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