El PSE pide que se identifique a Euskadi como 'nación' con 'encaje legal' en España

El PSE-EE ha pedido este miércoles, en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, que el nuevo Estatuto que se pretende consensuar identifique a Euskadi como "nación" en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional y el Consejo de Europa. Además, ha requerido que "solemnice el proyecto de comunidad política", con el reconocimiento de "pluralidad de identidades y sentimientos" y con sus singularidades de autogobierno, siempre desde "su encaje legal y constitucional en el proyecto compartido con España y Europa".

En su propuesta para la elaboración de la bases de un texto articulado, los socialistas defienden el derecho de los ciudadanos a intervenir en las decisiones políticas que les afecten, pero "de acuerdo con la legalidad constitucional y autonómica".

Respeto al ordenamiento jurídico

Ante los planteamientos realizados por los diferentes grupos, el PSE-EE cree "necesario" recordar que el mandato del pleno del 26 de enero de 2017 indica que se debe enunciar "una reforma del Estatuto de Gernika, respetando el ordenamiento jurídico".

Además, considera que, en las bases, debe recogerse "que existen reflexiones sobre las posibilidades que ofrecería una reforma constitucional previa" y que la modificación estatutaria "se hace sin renuncia de la posibilidad de una actualización del ordenamiento constitucional vigente".

Tras recordar que Euskadi "es la única Comunidad que no ha llevado adelante ese proceso de actualización de su autogobierno", destaca el denominado 'Plan Ibarretxe', "que rompía la premisa básica de seguridad jurídica, porque materialmente suponía una reforma constitucional encubierta, un hecho que deberá tenerse en cuenta en la nueva redacción".

A su juicio, en las bases del nuevo autogobierno debe reconocerse "como punto de partida que el pacto de convivencia de 1979, entre distintas identidades y culturas y aspiraciones políticas, que dio lugar al Estatuto, ha sido una experiencia de éxito".

Por tanto, señala que el objetivo "es ampliar ese acuerdo, tanto hacia las sensibilidades políticas que no participaron del de hace cuatro décadas, como a la nueva generación de vascos que ha crecido al amparo de ese marco, incorporando además nuevos derechos sociales".

El Estatuto de Gernika, como núcleo

Tras señalar que el de Gernika es "un Estatuto con cuerpo de Ley y alma de pacto", apunta que "este pacto de convivencia, este compromiso vital de un abanico muy amplio y diverso de identidades y aspiraciones políticas, constituye el núcleo" que "debe alimentar el nuevo" texto estatutario.

El PSE-EE defiende que la actualización del marco político de autogobierno para las próximas generaciones "supone la renovación del pacto entre los vascos, del pacto entre los territorios del País Vasco y del pacto entre el País Vasco y el resto de España: es decir, el triple pacto que dio origen al Estatuto y nos configuró como comunidad política".

Por ello, considera que las bases de la reforma deben ser "garantía del derecho de los ciudadanos a intervenir, de acuerdo con las reglas y en los términos que la legalidad constitucional y estatutaria establece, en todas las decisiones políticas que afectan a sus derechos e intereses".

También apunta que tiene que ser "garantía del derecho al autogobierno para construir una sociedad moderna, plural, igualitaria y cohesionada, mediante un pacto de convivencia cívico y de ciudadanía plena; una sociedad formada por hombres y mujeres libres y responsables de su futuro, tanto en la España plural y diversa, como en la UE, en solidaridad real y efectiva con las demás Comunidades, y dentro de los valores superiores y principios básicos de la democracia".

Carencias y ambigüedades

Los socialistas apuntan que el Estatuto de Gernika presenta "numerosas carencias y ambigüedades, explicables por las circunstancias políticas que rodearon aquel momento fundacional de la democracia y de la autonomía", y que deben subsanarse.

Además, plantean que haya una exposición de motivos o preámbulo que sirva para "solemnizar el proyecto de comunidad política que se pretende articular, con los aspectos que singularizan el autogobierno de Euskadi, y su encaje legal y constitucional en el proyecto compartido con España y Europa".

En este sentido, "reconocería la pluralidad de identidades y sentimientos que existen en la sociedad vasca, su identificación como nacionalidad/nación (en el marco de la propia jurisprudencia constitucional y lo ya determinado por el Consejo de Europa), constituida por mujeres y hombres en pie de igualdad".

Asimismo, se pondría en valor "el acuerdo político del Estatuto en vigor que ha sobrevivido incluso al embate terrorista", así como "las singularidades ya admitidas y desarrolladas legalmente: derechos históricos contenidos en las disposiciones adicionales de la Constitución y el Estatuto, el Concierto Económico, el euskera como idioma cooficial o el derecho civil".

Igualmente, considera que se deberá determinar "con claridad el sujeto político y el alcance territorial al que realmente afecta ese texto en función de la legalidad vigente, así como a la voluntad de relacionarse con otras comunidades y regiones con quienes se compartan idioma, cultura o intereses sociales y económicos, y la vocación europeísta", como con Navarra o el País Vasco francés.

En alusión a la Comunidad Foral, señala que el texto que se elabore "debe ser escrupuloso en el respeto a las decisiones tomadas por los navarros, que tienen habilitada la posibilidad de conformar un proyecto compartido con Euskadi y que nunca han querido utilizar, ni siquiera en la primera vez en su historia gobernados por una presidenta nacionalista".

Violencia de motivación política

Los socialistas plantean que se incluya "una referencia obligada a la historia reciente", que permita "una descripción real y consensuada de la violencia de motivación política sufrida en plena fase de consolidación y desarrollo de la autonomía".

Se trata, en su opinión, de "una referencia que proyecte a un futuro común en base a la memoria y a la verdad de las víctimas, a la paz para siempre y al pluralismo democrático de una convivencia renovada".

También abogan por "acordar una definición semántica más precisa de la comunidad vasca como proyecto de convivencia basado en la voluntad de su ciudadanía dentro de un marco español y europeo". Además, emplazan a "precisar el estatus del euskera, y el derecho a conocer y usar las dos lenguas oficiales".

El documento destaca que hay que establecer la definición competencial atribuible a Euskadi, "partiendo de que el Tribunal Constitucional ha fijado reiteradamente la doctrina de que no cabe condicionar desde un Estatuto el ejercicio de competencias atribuidas al Estado, y dado que esto sólo sería posible con una reforma previa de la Constitución".

En este sentido, cree que hay que estudiar un nuevo capítulo referido a las relaciones con la Unión Europea, que "definiera mejor los mecanismos de intervención en la política comunitaria de la UE, especialmente en las materias de competencia exclusiva del País Vasco, y una mayor flexibilidad de acción exterior de la Comunidad Autónoma".

Asimismo, plantea un apartado dedicado a los mecanismos de relación con el Gobierno del Estado. En él se aseguraría la aplicación del principio de bilateralidad en aquellas materias en las que el País Vasco tiene una competencia exclusiva singular (Concierto Económico, Seguridad-Policía, etc.), así como una participación común en las competencias concurrentes a través de mecanismos federales de cooperación, en el Senado principalmente.

El PSE-EE también propone, dentro de las relaciones internas, la modificación de la Ley de Territorios Históricos, atribuyendo al Parlamento Vasco la potestad para regular normativamente el sistema tributario".