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Torrent inicia telefónicamente la ronda de contactos para la investidura

Mientras, Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP negocian la posibilidad de celebrar este jueves el pleno de investidura, con el nombre de Jordi Turull sobre la mesa.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante la comparcencia. Foto: EiTB

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha iniciado ya de forma telefónica la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para buscar un candidato que se someta a la investidura de la Presidencia de la Generalitat, según han informado fuentes parlamentarias.

Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP negocian la posibilidad de celebrar este jueves el pleno de investidura, con el nombre de Jordi Turull sobre la mesa, para anticiparse a la vistilla prevista para el viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para comunicar los procesamientos por el proceso independentista.

Horas antes, Torrent ha recibido este miércoles la renuncia formal de Jordi Sànchez (JxCat) como candidato a la Presidencia de la Generalitat, y había anunciado que abriría una nueva ronda de consultas para encontrar a otro candidato a la investidura. Así, el objetivo es el "desbloqueo definitivo", para poder celebrar el pleno "en los próximos días".

En una comparecencia desde su despacho de audiencias de la Cámara, ha valorado el "acto de generosidad" de Sànchez y ha criticado que no haya podido ser el candidato porque el Tribunal Supremo le ha denegado tanto la excarcelación como un permiso para acudir al hemiciclo.

En ese sentido, ha reprochado las "intromisiones ilegítimas y antidemocráticas del Estado" contra la actividad normal del Parlament y ha asegurado que trabajará para que no queden impunes, recordando que la Mesa de la Cámara estudia si presenta una querella contra el juez del Supremo Pablo Llarena.

Para Torrent, la renuncia de Sànchez es un hecho que "no se debería haber producido", pero es "una decisión que le honra, porque ha puesto las necesidades del país por encima de sus legítimos intereses", y un acto de "generosidad para permitir la investidura y acabar con el actual estado de usurpación de las instituciones".

Ha criticado la "incapacidad para abordar problemas de naturaleza política" por parte del Estado, al que ha acusado de "provocar una grave involución democrática y poner en riesgo el Estado de Derecho", y ha hecho un llamamiento a que "todos los pasos sean firmes y efectivos para dar respuesta a los mandatos democráticos y poder avanzar".

Pidiendo "rigor, honestidad y respeto", ha lamentado que "no se puede aprovechar la situación actual para intentar degradar la institución con objetivos partidistas espurios".

"Quien pide que proponga de manera arbitraria un nombre diferente al propuesto por la mayoría parlamentaria, pretende que incumpla con el mandato democrático surgido de las urnas. Esto no ha pasado ni pasará. Cuando se quiere vetar a un candidato a la investidura no solo se vulneran sus derechos como diputados y los de sus votantes, sino se está erosionando el derecho de sufragio activo de toda la ciudadanía, votara lo que votara", ha avisado.

Ha argumentado que por este motivo propuso a Jordi Sànchez, pues en la anterior ronda de consultas -tras no poderse investir a Carles Puigdemont- fue "el único candidato postulado y que eventualmente podía reunir el apoyo necesario para ser investido".

Poco antes de la comparecencia de Torrent, el abogado Jordi Pina, que defiende al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y había adelantado que ha trasladado "a quien lo tenía que trasladar" la renuncia de su cliente a la Presidencia de la Generalitat.

Ayer se dio a conocer la decisión del excandidato, en la sesión para analizar el recurso presentado por Jordi Sànchez ante el Supremo. Fuentes del Supremo dijeron que el letrado de Sànchez argumentó que su representado nunca ha estado en política, sino en la docencia, a la que podría volver, y que lo que quiere es salir en libertad, abrazar a sus hijas, y si eso pasa por renunciar a la política, estaría dispuesto a ello.

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional para él, y libertad bajo fianza de 100.000 euros para el exconseller de Interior, Joaquim Forn.

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