Comín, Serret y Puig seguirán libres, mientras Bélgica analiza las euroórdenes

La Fiscalía de Bruselas ha informado hoy de que está en contacto con los abogados de los exconsejeros catalanes -Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret- que se encuentran en Bélgica y considera que no hay riesgo de fuga, por lo que no ha pedido su detención.

El Ministerio Público ha confirmado en un comunicado que está en contacto con los abogados de los tres políticos independentistas y que estos les han transmitido que "sus clientes están a disposición de la justicia belga".

"Por esa razón y dado que no existe un riesgo manifiesto de fuga, la señora Serret, y los señores Comín y Puig no son buscados activamente", ha añadido la fiscalía en su comunicado.

La Fiscalía de Bruselas ha indicado que ha pedido "informaciones complementarias" a las autoridades judiciales españolas a través de Eurojust (el organismo de cooperación judicial de la Unión Europea) pero no precisó de qué informaciones concretas se trata.

Asimismo, ha comunicado que los exconsejeros catalanes no han comparecido todavía ante un juez de instrucción belga aunque "es posible que este sea el caso en el futuro próximo", si bien ha rehusado "anticipar" cómo seguirá el procedimiento.

La Fiscalía de la capital belga ha recordado que este procedimiento no es la continuación del abierto en noviembre cuando la Audiencia Nacional emitió por primera vez los mandatos de arresto europeos contra ellos, sino uno nuevo basado en las euroórdenes emitidas la semana pasada por el Tribunal Supremo español.

El Ministerio Público belga no ha informado sobre los próximos pasos en el procedimiento y se ha limitado a señalar de que informará si tiene lugar una "evolución importante".

El procedimiento a partir de ahora

La Fiscalía, una vez que reciba la información solicitada a España, podría citar a los exconsejeros para que declaren ante un juez de instrucción.

En ese caso, deberían presentarse primero ante las autoridades policiales -aunque según las fuentes esto podría ser un trámite muy breve- para después ser escuchados por el juez.

Si los exconsejeros no aceptan su entrega a España, el juez deberá decidir en un plazo de 24 horas si deben ser detenidos o si pueden salir en libertad con o sin medidas cautelares mientras se resuelve el caso.

Si se repite el esquema seguido en noviembre, el juez de instrucción deberá fijar una fecha para la vista del caso en la Cámara del Consejo de Bruselas (juzgado de instrucción), que tendrá 15 días para decidir si les extradita o no.

Contra esta decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes -que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la UE por parte de otro- los países tienen en total 60 días a partir del arresto de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que pude ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.